La Ley Integral disminuye las muertes con pistolas y armas blancas pero las aumenta con estragulamientos y golpes

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ley Integral contra la Violencia de Género ha favorecido un descenso en los casos de homicidios con armas de fuego, armas blancas y uso directo del fuego, pero ha producido un incremento en el uso de otros métodos, como el estrangulamiento y los traumatismos contusos. Esta es una de las conclusiones recogidas en la propuesta de informe anual elaborada por los expertos del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, considera de gran interés el hecho de que "cada vez se recurre más a instrumentos que se encuentran en el entorno del agresor y, por tanto, de más fácil acceso". Este es el caso de la víctima mortal registrada hoy en Alicante, cuyo ex marido apuñaló hasta 15 veces con un punzón.

Además, el informe señala que los crímenes se acumulan en determinados meses del año, especialmente en verano y navidad, y que también ha aumentado el número de métodos mixtos en los asesinatos, lo que indica un mayor componente de violencia en muchos casos.

La Ley Integral también ha favorecido un incremento de los homicidios entre ex parejas, frente a una disminución entre las parejas y un aumento de la comisión de estos crímenes fuera del domicilio conyugal.

DOS AÑOS DE APLICACIÓN DE LA LEY.

El informe, de 166 páginas, coincide con la celebración mañana, viernes 28 de junio, del segundo aniversario de la aplicación completa de la Ley. La propuesta fue presentada hoy ante los miembros del Observatorio (representantes de las administraciones públicas, organizaciones de mujeres, sindicatos y patronal) y se prevé elevar al Consejo de Ministros, para su aprobación el próximo 6 de julio.

Los expertos alertan también de la acumulación de casos de asesinatos en los días posteriores a uno previo. "El 50,4 por ciento de los homicidios se producen en los tres días siguientes a uno previo -explican-. No se puede descartar factores de tipo general que pueden actuar como precipitantes de nuevas agresiones , no tanto por imitación sino por precipitar la idea que se venía manejando con anterioridad".

Este factor de precipitación explica toda una batería de recomendaciones para mejorar el tratamiento informativo de los casos.

Aunque el informe recoge otros indicadores para evaluar la eficacia de la Ley, como las denuncias y su positivo aumento, dedica gran parte de su evaluación a analizar los homicidios de mujeres, a pesar de que diferentes responsables políticos reiteran constantemente que el número de muertes no puede determinar una valoración positiva o negativa de la eficacia de la norma.

En todo caso, el informe hace una valoración general positiva de la norma y resuelve que ha tenido un impacto positivo en la implicación social respecto a la violencia.

Otra de las conclusiones recogidas es que la Ley no ha calado ni ha tenido la misma eficacia entre la población española que entre la extranjera. "Mientras que entre la población española se ha producido una modificación significativa alrededor de la Ley, en la población de extranjeros el efecto ha sido menor, probablemente por las mayores dificultades para llegar a este sector", admiten.

El documento aconseja realizar un estudio sobre la situación de las extranjeras en situación irregular que sufren violencia de género, así como modificar la normativa del Ministerio del Interior que condiciona la concesión de un permiso de residencia a una víctima de violencia de género en función de la evolución del proceso.

INFORMACIÓN EN LOS PERMISOS DE RESIDENCIA

Además, recomienda realizar una campaña específica sobre la violencia de género entre el colectivo extranjero, al tiempo que sugieren incorporar esta información en los expedientes de concesión de autorizaciones de residencia y tarjetas de extranjeros.

Por otro lado, plantean la necesaria generalización de los programas de rehabilitación de maltratadores, que consideran "escasos", la extensión de los beneficios laborales de la norma a las trabajadoras autónomas, la ampliación del fondo de garantía de pensiones a las compensatorias, en casos de violencia de género, la mejora y homogeneización de los indicadores y mayor formación para todos los sectores implicados.