Actualizado 13/06/2007 17:11

Múgica arremete contra la publicidad del motor y sus eventos deportivos por incitar a la velocidad en las carreteras

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, arremetió hoy en el Congreso contra la publicidad del mundo del motor las retransmisiones de sus eventos deportivos por entender que están incitando a la velocidad en las carreteras y lamentó que se haya olvidado su sugerencia de abrir un debate para limitar la velocidad de turismos y vehículos de transporte.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta Congreso-Senado del Defensor del Pueblo, el responsable de la institución se refirió al "doloroso" olvido de la propuesta que él mismo formuló a comienzos del año pasado ante la Comisión no Permanente de la Cámara Baja sobre Seguridad Vial.

A su juicio, buena parte de ese olvido la proporcionan los "extensos y seductores" reportajes y retransmisiones, así como los anuncios publicitarios, aparecidos en los medios de comunicación, sobre ferias y exposiciones y acontecimientos deportivos relacionados con los vehículos a motor.

"Cuando se enaltecen desmesuradamente las hazañas de nuestros jovencísimos automovilistas o motoristas de competición, estamos haciendo flaco favor a la seguridad vial y a las posibilidades que podría ofrecer una seria campaña contra los excesos de velocidad causantes de tanta desgracia cotidiana", advirtió.

Por ello, aseguró que "a nadie se le oculta la incitación, más o menos directa, a pisar el acelerador que toda esa cobertura sonora, gráfica y visual encierra". "Eso, por no hablar de los alardes de necedad e inmadurez personal que alimentan, sobre todo en los jóvenes, fuera de los circuitos preparados para ello, con el peligro consiguiente en nuestras carreteras, calles y plazas", insistió.

LIMITAR LA VELOCIDAD.

En este sentido, subrayó que esta es una razón más para recordar y estimular a las autoridades competentes sobre la urgencia de su propuesta de un debate riguroso en torno a la limitación de la velocidad.

Múgica compareció ante los Parlamentarios para dar cuenta de la gestión de la Institución durante el pasado año, en el que se recibieron 39.610 quejas de 89.518 ciudadanos, destacando el importante aumento de las colectivas por la estafa filatélica de Forum y Afinsa. En este sentido, destacó el "alto grado de consolidación" de la presencia del Defensor en la sociedad española.

De las 309 resoluciones realizadas (sugerencias, recomendaciones y recordatorios), señaló que a principios de este mes se había atendido casi el un 80 por ciento de las resoluciones por parte de las administraciones requeridas. De ellas, casi un 60 por ciento fueron aceptadas.

En su intervención, Múgica hizo referencia a problemas ya tradicionales en los informes anuales, como la violencia de género. "Este año no ha registrado, en términos estadísticos, una mejora, como quizá cabía esperar dadas las expectativas que generó la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género", añadió.

FALTA DE INICIATIVA.

Por su parte, los parlamentarios de IU-ICV, CiU y Entesa Catalana de Progres (ECP) criticaron la falta de iniciativa de la Institución para solucionar los problemas de los ciudadanos. Isaura Navarro, por IU-ICV, señaló que las intervenciones de Múgica se limitan a enumerar los problemas de los ciudadanos con cierta complacencia ante los mismos.

Mientras, el diputado de CiU Josep Maldonado consideró la intervención "monótona y poco novedosa" y señaló que el Defensor del Pueblo no puede ser una "mera ventanilla" para recibir quejas. En la misma línea, el senador de ECP, Josep Batlé, criticó que la Institución se limite a facilitar una "mera recopilación de datos".

A todos ellos, Múgica respondió que "no tiene una barita mágica" para resolver estos problemas y que su cometido es formular recomendaciones para que los responsables de solucionarlas, las administraciones públicas, tomen la medidas adecuadas.

La parlamentaria del PP María Begoña Carrascosa llamó la atención sobre el hecho de que cada año algo menos de la mitad de las recomendaciones son desechadas por las administraciones públicas. Por su parte, José Luis Rascón, por el PSOE pidió al Defensor que realice un informe monográfico sobre la atención farmacéutica en España.