MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy con el voto favorable de todos los grupos la convalidación del real decreto-ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, para devolver la competencia para autorizar los vertidos indirectos a aguas superficiales a los ayuntamientos.
La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo emitió el 18 de octubre de 2006 una sentencia que "en concordancia con lo establecido en el artículo 245.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico" daba la competencia para autorizar los vertidos indirectos a aguas superficiales a los organismos de cuenca.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó en su intervención en la Cámara Baja que la gestión del saneamiento, redes y alcantarillado es de los ayuntamientos, y que por lo tanto es necesario modificar la Ley de Aguas para aclarar que la gestión y competencia de los vertidos de aguas residuales sea también de los municipios, y "se recupere la situación precedente".
"No se trata de cambiar desde el punto de vista jurídico, sino que se pueda seguir trabajando en el ámbito competencial en la materia de acuerdo con la Ley de Bases de Término Local", afirmó Narbona. La sentencia suponía disociar esta competencia de los entes que gestionan las redes de conducción de aguas residuales en las que se producen tales vertidos, y genera una situación anómala.
Asimismo, la ministra aseveró que la reforma de la Ley de Aguas se aprobará dentro de esta legislatura y espera el máximo acuerdo social posible, por lo que se han celebrado ya reuniones con representantes de regantes y usuarios del agua.
Por su parte, la portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente, María Teresa de Lara, apoyó este decreto porque con la sentencia se quita la competencia a las entidades locales, que son las que deben tenerla como gestoras.
De Lara denunció además la actitud del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por retirar las competencias del Ayuntamiento de Morón de la Frontera en materia de vertidos, porque ya las tenía. "Que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir haya mentido o engañado a los andaluces es algo reprobable y que en mi opinión no puede quedar impune", afirmó.
Narbona respondió que "en el caso de Morón de la Frontera se habían producido numerosísimos incumplimientos en calidad de vertido, competencia del Ayuntamiento, eso es lo relevante, porque sin perjuicio de la sentencia, antes ya de la sentencia el Ayuntamiento de Morón de la Frontera era uno de los que acumulaba un número más alto de denuncias".
El diputado de IU-ICV Joan Herrera indicó que con este decreto se da respuesta a la sentencia y legislar "para hacer lo que se hacía". Además, preguntó cuándo se va a aprobar la reforma de verdad de la Ley de Aguas.
Luis Mardones, de CC-NC, comentó que la aplicación de esta sentencia hubiera sido "esperpéntica" en Canarias, porque no hay organismos de cuenca; y este decreto es acertadísimo.
El diputado de la CHA, José Antonio Labordeta, advirtió del riesgo de que en algunas autorizaciones de vertido se requiera un informe de la Confederación Hidrográfica.
