MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Cáritas Española, Manos Unidas y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) reclaman el fin del embargo aplicado por la Unión Europea a Costa de Marfil por "razones humanitarias", ya que, según indican, desde que el pasado 28 de febrero entrara en vigor el Reglamento publicado en el Diario Oficial de la UE "se impusieron algunas medidas restrictivas" que están causando "un sufrimiento inhumano" a los 20 millones de habitantes del país.
En este sentido, denuncian que, aunque estas "restricciones específicas" estén dirigidas contra determinadas personas y entidades, en la práctica, están afectando a toda la población. Así, aseguran que el "estricto" bloqueo naval impuesto al país a raíz del embargo está "impidiendo", entre otras cosas, la importación de medicamentos y de alimentos de primera necesidad, "indispensables para sostener las intervenciones humanitarias de emergencia" que se están llevando a cabo en las zonas más golpeadas por el conflicto que vive actualmente el país.
Además, apuntan que los hospitales y centros de salud han tenido que reducir su capacidad de atención a los enfermos, debido a la falta de suministros médicos, donde la disponibilidad y acceso a los medicamentos se ha visto reducida a un 30 por ciento. Igualmente, alertan de que la distribución de alimentos de primera necesidad para los damnificados "corre el riesgo de estancarse, con consecuencias dramáticas", a causa de la falta de productos que tendrían que estar llegando a Costa de Marfil por vía marítima.
En esta línea, el responsable de un centro de acogida para niños de la calle en Costa de Marfil, de Manos Unidas, José Vicente March, ha explicado a Europa Press que en el país, "la gente ya no tiene trabajo ni puede ir al médico porque no hay medicamentos --debido al embargo--". "Es un país que está cayendo", ha añadido.
Esto es debido, según ha indicado, a que la Unión Europea ha dado "prioridad" a lo económico y político pero "no al sufrimiento de los más pobres, sobre los que siempre pesa la presión", algo con lo que las organizaciones humanitarias "no están de acuerdo". Por ello, se unen a la petición de un "cese inmediato" del embargo.
José Vicente March, que se encontraba de vacaciones en España y no puede regresar por el momento a Costa de Marfil, ha afirmado que el centro de acogida del que es responsable, "sigue abierto", pero que "muchos niños no pueden acudir porque se han quedado bloqueados o por miedo de los padres".
Entre las amenazas que acechan a los habitantes del país, March ha subrayado "la violencia en la calle, los grupos paramilitares, los escuadrones que se mueven impunemente por la ciudad y los robos", a lo que se ha sumado la "mayor inestabilidad política" causada ayer después de que se abrieran las puertas de la cárcel en la que había 5.000 presos.
CASI UN MILLÓN DE DESPLAZADOS
Ante este clima de violencia que vive el país, Cáritas, Manos Unidas y CONFER, han manifestado también su "grave preocupación". "Todos los esfuerzos diplomáticos desarrollados por la comunidad internacional y las medidas de castigo al régimen del presidente saliente Laurent Gbagbo no han logrado el objetivo de favorecer el acceso democrático a la presidencia del país de Alassane Ouattara, vencedor legítimo de los comicios celebrados el pasado mes de noviembre", remarcan.
Entre las consecuencias directas de esta situación subrayan "el número creciente de desplazados internos, que se acercan ya al millón de personas, y el aumento de refugiados que huyen hacía los países vecinos y cuya cifra podría superar ya los 150.000". Además, lamentan que el número de muertos y heridos por los enfrentamientos "sigue creciendo día tras día".
A este panorama de violencia, han añadido la situación de "bancarrota" en la que se encuentra la economía de Costa de Marfil, con el consiguiente "aumento imparable de los precios de los alimentos de primera necesidad, la escasez de muchos productos y la falta de liquidez provocada por el colapso del sistema financiero".
Por todo ello, Cáritas, Manos Unidas y CONFER reclaman a las autoridades de la UE y a cada uno de los Gobiernos de los Estados miembros el "cese inmediato" del embargo, pues, a su juicio, "no existe justificación alguna" por parte de la comunidad internacional para mantener, "en aras de supuestas razones de seguridad y de presión sobre las partes en conflicto", un bloqueo marítimo sobre un país que, según recuerdan, está condenando a unas condiciones "atroces" de precariedad alimentaria y sanitaria.
"Dirigimos también esta petición a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, a quienes hacemos partícipes del reciente llamamiento lanzado por el arzobispo de Abidján, monseñor Jean Pierre Kutwa, a la Unión Europea para que, en nombre del derecho a la salud, se levante el embargo sobre los medicamentos", concluyen.
MÉDICOS SIN FRONTERAS ALERTA DE LA SITUACIÓN
Por su parte, Médicos Sin Fronteras también ha alertado sobre el "recrudecimiento" de los combates que hace "aún más difícil" el acceso de los civiles a la atención médica. Según indica la organización, en el oeste de Costa de Marfil, en las calles se producen "incontables" actos de pillaje y "multitud" de hombres armados continúan disparando, "lo que hace que sea muy difícil acceder a los pocos servicios de salud que continúan funcionando".
Médicos Sin Fronteras está presente en el hospital de Abobo Sur, el único que continúa en funcionamiento de todos los distritos del norte de Abiyán; en las ciudades de Bangolo y Duékoué, en el oeste de Costa de Marfil; en Duékoué, "localidad seriamente afectada por los combates"; en Guiglo; y en los hospitales de Yamoussoukro y Bouaké, localidades situadas en el centro del país, donde también se han recibido "numerosos heridos" en los dos últimos días.
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