Actualizado 25/11/2009 11:57

El CERMI valora como "muy positiva" la sentencia del Supremo de compatibilizar trabajo y pensión de gran invalidez


MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) valoró como "muy positiva y como un paso a la activación" la reciente sentencia del Tribunal Supremo que permite la compatibilidad entre el ejercicio de un trabajo en la empresa abierta y la percepción de una pensión de gran invalidez.

Según indicó el comité en un comunicado, la regulación de las pensiones de la Seguridad Social no puede constituir un desincentivo para que los perceptores de las mismas ejerzan plenamente una actividad laboral, por lo que abogó por "activar a los pensionistas por incapacidad, promoviendo su incorporación al trabajo productivo y no disuadirlas para buscar y desempeñar un empleo tras la adquisición de la discapacidad".

"El pensionista que trabaja genera riqueza, aportando recursos tanto a la Hacienda Pública como a la propia Seguridad Social, por lo que hay que eliminar rigideces que separan férreamente la percepción de una pensión y el ejercicio de una actividad laboral", aseveró.

Para el CERMI, esta resolución debe servir para promover una modificación normativa que deje "claramente" establecido el principio de compatibilidad entre empleo y percepción de pensiones de incapacidad laboral.

La sentencia, que sienta jurisprudencia, avala las tesis que viene manteniendo el sector de la discapacidad en el sentido de que percibir una pensión de la Seguridad Social no puede suponer "en ningún caso" la expulsión o la exclusión del mercado de trabajo, como ocurría hasta ahora con los pensionistas de gran invalidez cuando desempeñaban un empleo en empresas ordinarias.

Cabe recordar que el CERMI es la plataforma de representación, defensa y acción de los ciudadanos españoles con discapacidad, constituida por las principales organizaciones estatales de personas con discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y un nutrido grupo de plataformas autonómicas, las cuales agrupan a su vez a más de 4.000 asociaciones y entidades que representan en su conjunto a los tres millones y medio de personas con discapacidad que hay en España, un 9 por ciento de la población total.