Ecologistas en Acción denuncia que casi 800 industrias de Castilla y León carecen de autorización ambiental

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción denunció públicamente que casi 800 industrias de Castilla y León carecen de autorización ambiental, criticó la "pésima" aplicación de la Directiva de Prevención de la Contaminación y, en consecuencia, advirtió de que las mencionadas empresas, que tenían hoy como fecha límite para la obtención de los respectivos permisos, deberían cesar en su actividad.

En este sentido, el colectivo ecologista recordó que hoy martes expira el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que estas industrias implanten la denominada autorización ambiental integrada, permiso imprescindible para poder operar en la UE a partir de ahora.

La intención de esa directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previendo en origen la contaminación mediante la implantación de las Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire, las aguas o los suelos coherentes con aquellas y con la preservación de la salud pública y el medio ambiente. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada estado miembro en uno único, la autorización ambiental integrada.

Sin embargo, el colectivo advierte de que a pesar de los once años de plazo otorgados por la norma citada para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, el mayor reto para la industria y el medio ambiente desde la fundación de la UE, más del 80 por ciento de las empresas regionales sometidas a esta legislación no han obtenido aún permiso, "y en consecuencia a partir de mañana deberían cesar completamente en su actividad, arriesgándose en caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso".

LA JUNTA, BUENA PARTE DE LA CULPA.

La explicación de esta "lamentable situación"--añade Ecologistas en Acción--estriba en que a los seis años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, "se suma la penuria de medios aportados por la Junta de Castilla y León para aplicar esta norma (sólo se han aprobado 136 autorizaciones en cuatro años, con trámites que se alargan hasta tres años, cuando el plazo legal máximo es de diez meses), así como el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación".

En esta situación, el colectivo denunció que Castilla y León se coloca a la cola de España en el cumplimiento de la directiva, pues el escaso 18 por ciento de empresas que ha obtenido autorización en plazo se aleja del 40 por ciento de cumplimiento estimado para el conjunto del país, gracias a comunidades como Cataluña, que se adelantó cuatro años al Gobierno central en la transposición de la normativa europea con su propia ley de 1998.

En otros países, como Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, de ahí que España se encuentre en el "furgón de cola", junto con otros estados como Grecia, Polonia o Portugal.

La aplicación estricta de la norma a las más de 700 empresas de Castilla y León que en estos momentos no cuentan con la autorización ambiental supondría la pérdida de unos 60.000 puestos de trabajo directo y del 10 por ciento del Producto Interior Bruto regional. El deslizamiento de esta fracción productiva a la "economía informal" podría conllevar, en opinión de los ecologistas, un coste para las empresas de entre 140 y 1.400 millones de euros sólo en multas, que debería imponer la Junta, además de la pérdida de competitividad, certificaciones y mercados.

Por todo ello, el colectivo exigió a la Junta que aporte los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite de emisión y sistemas de control de los mismos.