Ecologistas denuncia al Ministerio de Medio Ambiente por prevaricación en obras de conducción de agua a Baza (Granada)

GRANADA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha presentado en Fiscalía una denuncia contra responsables del Ministerio de Medio Ambiente, entre ellos su titular, Cristina Narbona, por la posible comisión de un delito de prevaricación, otro de malversación de caudales públicos y otro contra la ordenación del territorio, por unas obras de conducción para el abastecimiento a Baza (Granada) desde el embalse del Portillo, en el río Castril, declaradas de emergencia.

Según la denuncia, que fue facilitada hoy a Europa Press por dicho colectivo, la conducción transcurre por los términos municipales granadinos de Castril, Cortes de Baza, Benamaurel, Zújar y Baza y requieren una instalación de una conducción de 25 kilómetros, una estación de bombero intermedio y una conducción desde ésta hasta Baza de 11 kilómetros. El presupuesto de estas obras es de 10,5 millones de euros.

En rueda de prensa, el coordinador provincial de Ecologistas, Javier Egea, explicó que "no existen motivos" para que se hayan declarado las obras de emergencia puesto que no se dan ninguno de los motivos que establece la legislación vigente: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o necesidades que afecten directamente a la defensa nacional.

Además, según consta en el documento, "no hay, ni ha habido hasta la fecha problema de abastecimiento de agua potable", por lo que se ha procedido a acordar la realización de una obra calificada de emergencia "con fraudulento amparo en una ley y con la finalidad de obviar la preceptiva evaluación de impacto ambiental y la exigible participación pública en la toma de decisión en un ámbito, medio ambiente, en el que está especialmente protegida a través de distintas herramientas legales".

En la denuncia, que apoyan el Ayuntamiento de Cortes de Baza, las comunidades de regantes del Río Castril y más de 800 vecinos de la zona a título personal, Ecologistas destaca que "el daño para el río será muy importante" porque detraerá ocho hectómetros cúbicos anuales afectando a 25 kilómetros de valle que da cobijo a especies protegidas por la legislación vigente que se resentirían con los cambios que sufriría el ecosistema fluvial.

El trasvase y las obras que éste conlleva "se pretenden realizar con total ausencia del obligado control de sus consecuencias medioambientales", además de conducir, según un estudio aportado por Ecologistas, "a la puesta en peligro de bienes y recursos ambientales, patrimonio de todos".

En concreto, el deterioro de la calidad de los bosques de ribera existentes en el río Castril, pérdida de la calidad de las aguas como consecuencia de la futura detracción de aguas prevista para el trasvase, disminución de la diversidad faunística y de caudales con pérdida para los causales mínimos ecológicos.

El colectivo asegura que se pretende trasvasar agua a una ciudad desde muchos kilómetros de distancia con un coste económico y ambiental "considerable", cuando hay agua junto al pueblo. Concretamente, el acuífero de Sierra de Baza presenta una recarga anual de 35 hectómetros cúbicos y las extracciones entre consumo humano y regadíos no llegan a los seis, por lo que hay "sobrante suficiente para abastecer a una población cinco veces superior a la actual".