Responsabilizan al Ejecutivo "de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esta empresa puede causar"
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
La plataforma Campaña ¿Quién debe a quién?, el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Verdegaia y Ecologistas en Acción han solicitado al Gobierno español "que retire su apoyo al proyecto de la Empresa Nacional de Celulosas Española (ENCE) de construir una planta de celulosa en Uruguay" por considerar que tendrá "graves impactos sociales, ambientales y económicos".
Tras la visita oficial esta semana a España del presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, las organizaciones reclamaron al Ejecutivo español en un comunicado "coherencia política con el Plan Director de la Cooperación Española" y exigieron que no se utilicen "mecanismos públicos para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas".
Según explicaron estas organizaciones en un comunicado, el Gobierno "está apoyando a la ENCE para construir una fábrica de celulosa ubicada en la población de Conchillas, en Colonia (Uruguay), que generará impactos ambientales, sociales y económicos altamente negativos violando así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales".
Este apoyo, "atenta además, contra el Plan Director de la Cooperación Española según el cual 'la degradación de los recursos naturales y de la biodiversidad está minando las oportunidades de desarrollo y disminuyendo la calidad de vida de las poblaciones locales'", denunció la Campaña ¿Quién debe a quién?.
Es por eso que las organizaciones ponen en cuestión "el papel hipócrita" de España como "mediador entre Argentina y Uruguay en el enfrentamiento sobre la instalación de las papeleras en territorio uruguayo", ya que consideran que "el Gobierno no tiene un papel 'neutral' porque representa los intereses de una empresa multinacional española que es co-responsable del conflicto ambiental".
En este sentido, afirman cuestionar también "a las autoridades españolas, como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, el Ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos y el propio presidente del Gobierno, puesto que persisten en brindar apoyo (con fondos públicos) a las empresas españolas sin por tanto asumir los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que éstas empresas han generado en América Latina en las últimas dos décadas".
Las ONG denuncian que ENCE recibió dinero público para instalarse en Uruguay, "donde gestiona más de 120.000 hectáreas de plantaciones de monocultivos de eucalipto y donde tiene previsto levantar una planta en una playa de Punta Pereira, sobre el Río de la Plata donde produciría entre 500.000 y un millón de toneladas de celulosa al año".
Sin embargo, la compañía "tiene antecedentes graves en instalaciones similares, y ha sido condenada por delito ecológico continuado en el año 2002 por contaminar la Ría de Pontevedra desde 1964", según las ONG.
