Em el 84% de los casos no se denuncia formalmente el acto discriminatorio
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La guardia civil produce la mayoría de los casos de agresiones racistas, especialmente en las fronteras de Ceuta y Melilla,
según muestra el proyecto 'Acción contra la discriminación' (ACODI), presentado hoy por las ONG 'S.O.S Racismo' y 'Women's Link Worldwide'.
Durante la presentación del estudio, Beauty Solomon relató su propia experiencia, en la que un policía le agredió repetidas veces con su porra y le propició insultos racistas tras un control de documentación. "Ese mismo día fui a poner la denuncia, y todavía no he recibido una respuesta", concluyó la víctima.
En esta línea, Javier Ramírez, el abogado de 'S.O.S. Racismo' dijo que "las propias fuerzas de seguridad del Estado son las que agreden a los extranjeros para después poner ellos mismos denuncias en su contra por figuras penales". Es decir, "las víctimas son agredidas y se ven detenidas y llevadas ante un juez porque algunos agentes de la policía les denuncia por estos tipos de actos", apuntó, y "esto provoca la falta de confianza en la policía y es un ejemplo muy claro de un gran obstáculo en el acceso a la justicia".
Asimismo, ambas organizaciones criticaron la falta de eficacia del del sistema judicial en cuanto a casos de discriminación y consideraron este hecho como un "segundo caso de discriminación".
A continuación, el representante de 'S.O.S. Racismo', Javier Ramírez, apuntó que "la víctima vive una situación en la que queda muy afectada psicológicamente, y cuenta con muy poco apoyo legal y psicológico". Además, "no conocen sus derechos, no saben a quién acudir, tienen miedo, y no tienen apoyo de la Administración", aseguró.
Por otro lado, Ramírez afirmó que esperaba que "se aplicara el agravante penal de racismo" ya que "hubo insultos racistas" cuando fue preguntado por el caso de la menor ecuatoriana agredida en Barcelona. Además, Waisman aseguró que "el agravante penal existe y no se está utilzando".
En este sentido, el representante de 'S.O.S. Racismo' señaló que "el Estado español está obligado, por la directiva europea 43/2000, a crear un agravante de discriminación que apoye a las víctimas".
PROYECTO ACODI
El proyecto ACODI, que fue desarrollado por ambas organizacones, es una investigación de 612 casos de discriminación, que presenta un seguimiento de la actuación de la justicia y los resultados finales de las denuncias penales. La investigación se llevó a cabo entre Enero y Diciembre de 2005, y se llevó a cabo, principalmente, en las comunidades de Andalucía, Navarra y Madrid y en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, la directora ejecutiva de 'Women's Link Worldwide', Viviana Waisman, presentó algunos datos de la investigación. Afirmó que en el 25% de los casos de la investigación fueron los funcionarios públicos los que cometieron la discriminación; en el 84% de los casos no se denunció formalmente el acto discriminatorio; y ninguno de los ocho procesos que se han iniciado y finalizado durante la investigación tuvo una resolución favorable para la víctima.
Además, "el 89% de los casos en que hubo discriminación por raza, etnia, y género, comenzaron por un control de identidad", añadió Waisman. En este sentido, la responsable de 'Women's Link Worldwide' quiso recalcar la falta de confianza de las víctimas en el sistema judicial.
