Las autoridades no han ofrecido indemnizaciones acordes con el precio de mercado de las propiedades desalojadas
MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este viernes que un grupo de personas han sido expulsadas forzosamente de sus casas por las autoridades azeríes para demoler el último edificio que queda en pie en el barrio de la capital, Bakú, donde se va a celebrar la gala de Eurovisión este año.
HRW ha instado al Gobierno de Azerbaiyán a ordenar que se realice una investigación para determinar si esta acción de las autoridades municipales es legal y, en caso de que no lo sea, indemnizar a los residentes expulsados.
El pasado miércoles, las autoridades de Bakú desalojaron "ilegalmente" a algunas de las pocas familias que seguían viviendo en un edificio de nueve plantas situado en la plaza de la Bandera Nacional, con unas "vistas espectaculares" de la ciudad y del mar Caspio, según la organización. En esa plaza se está construyendo el Salón de Cristal de Bakú, donde el próximo mayo se celebrará el famoso festival de la canción.
El director de HRW para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, ha señalado en un comunicado que "acoger la gala de Eurovisión significa que el Gobierno azerí puede exhibir Bakú ante miles de visitantes y millones de telespectadores".
"Sin embargo, el evento queda eclipsado por los desalojos, expropiaciones y demoliciones ilegales, que han obligado a cientos de residentes a abandonar sus casas", ha añadido.
LA DEMOLICIÓN YA HA COMENZADO
Los vecinos han contado a HRW que, desde principios de febrero, los obreros están demoliendo progresivamente el edificio de la plaza de la Bandera Nacional, empezando por la parte superior.
Actualmente hay una gran grúa junto al inmueble, preparada para destruirlo totalmente. Una vecina llamada Marina Rasulzade ha explicado que "los trozos que se desprenden de la parte superior caen en cualquier lado" y "la zona no ha sido acordonada, así que es muy peligroso".
Hace unos meses comenzó la construcción del Salón de Cristal de Bakú. Según un decreto municipal de febrero de 2011, el edificio de viviendas desalojado debe ser demolido para transformar el barrio en un "área turística" donde se ampliarán las zonas verdes. Durante el pasado otoño se demolieron otros edificios para construir una carretera paralela a la costa.
HRW se puso en contacto con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que supervisa el concurso de Eurovisión, pero ésta trató de distanciarse del tema de los desalojos y demoliciones y dijo que el festival es de naturaleza "apolítica". Williamson ha pedido a la UER que inste al Gobierno azerí a poner fin a "las graves violaciones de los Derechos Humanos" que se están cometiendo.
DERECHOS QUE NO SE HAN RESPETADO
Según HRW, en muchos de los desalojos que se ejecutaron para construir la carretera no se tuvieron en cuenta "la dignidad, la salud y la seguridad de los propietarios y residentes" de los inmuebles y además las autoridades no ofrecieron indemnizaciones acordes con el precio de mercado de esas propiedades.
Igualmente, la Constitución exige que las expropiaciones y demoliciones sean aprobadas por un tribunal, y en este caso no se ha hecho, según la ONG.
Muchas de las personas que vivían en el edificio de la plaza de la Bandera Nacional rechazaron las ofertas económicas de las autoridades y permanecieron en sus casas. Después se fueron marchando gradualmente porque se dieron cuenta de que tenían que aceptar la venta forzosa.
Las autoridades les cortaron la calefacción a finales del pasado enero y actualmente tampoco hay agua corriente ni líneas telefónicas en el inmueble. A principios de febrero, un vecino afirmó que estaban derritiendo nieve para poder tener agua.
Human Rights Watch ha asegurado que las autoridades han expropiado ilegalmente miles de propiedades en Bakú desde 2008, cuando iniciaron un ambicioso plan urbanístico de remodelación, para demolerlas y crear parques, jardines, carreteras y edificios residenciales de lujo.
"Estos residentes solo están intentando conseguir lo que la ley les garantiza: un precio justo por su casa y un proceso de evaluación justo", pero lo que están sufriendo son "desalojos forzosos e injusticias", ha concluido Williamson.
