MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) ha exigido este lunes al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que libere a todas las personas detenidas durante las últimas movilizaciones en Egipto, que levante el estado de emergencia que rige el país desde hace 30 años y que se comprometa de forma clara a poner fin a las torturas y los abusos policiales.
"La máxima prioridad de las autoridades militares egipcias debe ser la formación de un gobierno que respete los Derechos Humanos y establezca el Estado de derecho", declaró el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth. "Una buena forma de empezar es que el Consejo Supremo del Ejército suprima el estado de emergencia y demuestre que no tolerará los abusos del pasado", agregó.
El Consejo Supremo del Ejército --que se ha hecho con las riendas del país, de forma interina, desde la dimisión del ex presidente Hosni Mubarak, proclamada el pasado viernes-- anunció ayer domingo la puesta en marcha de un comité con la misión de redactar una nueva Constitución, que será sometida a referéndum.
Al respecto, Human Rights Watch ha instado al Consejo a que garantice la participación de todos los sectores en la redacción de la Constitución y a que planifique una transición a la democracia que sea "incluyente, creíble, transparente y responsable".
MEDIDAS CONCRETAS
Entre sus primeras medidas, a juicio de la ONU, las autoridades castrenses deben liberar "inmediatamente" a todos los detenidos que se encuentren bajo custodia militar --o, en su caso, inculparlos de delitos reconocibles y juzgarlos con garantías-- y a garantizar una investigación "profunda y transparente" sobre todas las torturas supuestamente perpetradas en las dos últimas semanas por la Policía Militar.
Asimismo, HRW reclama el levantamiento de la Ley de Emergencia, "que concede amplios poderes al Ministerio del Interior para detener y encarcelar a personas de forma abritraria y que limita las libertades de asociación y reunión pacífica", y que se garanticen los derechos de reunión, sindicación y huelga.
HRW considera también que las autoridades militares deben anunciar públicamente que no tolerarán las torturas, los malos tratos y las desapariciones forzadas por parte de los miembros de la agencia de Investigaciones de Seguridad del Estado (SSI) y de otros órganos del Ministerio del Interior o del Ejército.
Aparte, la Fiscalía del Estado debe investigaar a los "agentes del Ministerio del Interior, incluidos altos mandos, que hayan ordenado, aprobado o llevado a cabo torturas en el pasado", de forma muy especial a los agentes del SSI que hayan sido acusados de torturas y de la desaparición de detenidos.