Las Juntas Guipúzcoa instan a instituciones a habilitar créditos por 35.000 euros para financiar la defensa de Ibar

SAN SEBASTIAN 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Juntas Generales de Guipúzcoa instaron hoy a las instituciones más representativas de Guipúzcoa a habilitar créditos por el importe de 35.000 euros para financiar la cuantía pendiente de financiación de los gastos de defensa jurídica para que Pablo Ibar, joven de origen guipuzcoano condenado a muerte en EE.UU., pueda afrontar el nuevo recurso ante los tribunales y órganos judiciales correspondientes.

En un comunicado, el Parlamento guipuzcoano detalló que los 35.000 euros es el importe que resta para llegar a los "aproximadamente 240.000 euros necesarios" para poder sufragar el derecho de Ibar a luchar por un juicio "justo y un proceso con garantías en el que le va la vida" y pagar así un abogado especializado.

De esta manera, las Juntas han instado a las instituciones guipuzcoanas ha habilitar, de "forma excepcional y extraordinaria" y a través de una partida de subvención de prestación económica para situación de "extrema necesidad", créditos por el importe de 35.000 euros.

Esta iniciativa, incluida en la Declaración Institucional que aprobada hoy por la Cámara guipuzcoana, tiene como objetivo financiar la "quizá última oportunidad judicial" de revisión de la sentencia de muerte ordenada de forma "injusta e inhumana" por un Estado tras un juicio "irregular y plagado de disfunciones y errores jurídicos y procesales".

Además, las Juntas manifestaron su solidaridad con Ibar y su apoyo institucional a la familia en la nueva causa judicial que ha emprendido y que pretende garantizar el derecho del reo a recibir una asistencia jurídica "adecuada".

Finalmente, realizaron un llamamiento al Gobierno central a que, en defensa del derecho fundamental a la vida de los ciudadanos españoles, adopte "cuantas medidas políticas, legislativas, económicas y diplomáticas sean necesarias" para garantizar una asistencia jurídica "de calidad" y capacidad "suficiente" a los ciudadanos españoles condenados a muerte, y, en concreto, a Pablo Ibar.