SEVILLA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, APDH-A, solicitó hoy que, aún partiendo de la "gravedad" del presunto asesinato de la menor de 17 años Marta del Castillo, de ser cierta la versión del autor confeso de su muerte y ex novio Miguel C.D., y del profundo dolor humano que supone la perdida de una vida humana, "se reflexione ante las peticiones de implantación de la cadena perpetua".
Así, indicaron que, aunque "desgraciados" los acontecimientos "no son novedosos, sino que la novedad de esta caso reside en la gran difusión que están adquiriendo a través de los medios de comunicación, por lo que reivindicaron que "no se debe legislar a golpe de sucesos".
Además, indicó que "existen estudios serios sobre la realidad de la pena privativa de libertad, entro otros los elaborados por la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que demuestran que no solo no es posible la cadena perpetua en nuestro sistema, sino que el sistema actual necesita una profunda revisión y se posicionan en contra de la ampliación de penas".
La APDH-A afirmó que, en España existe ya, "lamentablemente, la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal de la misma". De este modo, apuntaron que, por un lado, "el límite de 40 años no es absoluto, pues algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite". Por otro lado, señalaron que todos los estados en los que existe reconocida legalmente la cadena perpetua "aplican revisiones, que hacen más cortas las condenas que en España donde no existe ese reconocimiento legal".
En este sentido, apuntaron que dichos límites temporales son una "exigencia del estado de derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que debe tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo".
De otro lado, recordaron que las reformas legales de los últimos años, iniciadas con el Código Penal de 1995, reformado en el 2003, así como la reforma de la ley de responsabilidad penal del menor en 2006, han llevado a "duplicar la duración efectiva de las penas".
"España ha aumentado las tasas de población penitenciaria, siendo el país con mayor tasa en Europa, pese a que era y sigue siendo uno de los países más seguros del entorno. Por tanto, dichos endurecimientos no provocaron reducción de criminalidad alguna, los países con cadena perpetua o pena de muerte no reducen la delincuencia, no disuaden futuras infracciones", advirtieron.
Así, dijeron que ello ha provocado que "jóvenes que entran con 18 años tengan que permanecer hasta superar sus 40 años de edad en prisión, que ancianos e incluso enfermos graves como parapléjicos o con esclerosis, que requieren ayuda de otras personas para alimentarse, higiene o vestirse que deben permanecer gran tiempo en cama, no puedan salir de prisión".
En definitiva, señalaron que "si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, corremos el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el Estado no puede tolerar".
"Hay que apostar por la prevención y la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de los conflictos, apostar por políticas sociales serias, para lo cual se requiere un adecuado presupuesto económico", apuntaron.
