Agua.- El proyecto de la Ley de Aguas supera el debate de totalidad con el rechazo del PP-A, que pedía su devolución

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de Ley de Aguas de Andalucía, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre, superó hoy el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz, tras ser rechazado con los votos del PSOE-A y de IULV-CA una enmienda a la totalidad del PP-A, en la que se pedía la devolución del texto al Consejo de Gobierno.

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, aseguró que el proyecto de Ley, al que consideró "pionero", da cumplimiento al Estatuto de Autonomía de Andalucía y está basado en el "acuerdo". No obstante, indicó que la única formación que va "a contracorriente" es el PP-A, que ha presentado una enmienda a la totalidad "falta de profundización intelectual".

Si bien, la consejera de Medio Ambiente dijo esperar que los 'populares' se unan durante este debate al consenso y se sumen a la construcción de una de las leyes "más importantes" de Andalucía. Castillo, que hizo un llamamiento al consenso de los grupos, le pidió al PP-A que se sume a una "gran apuesta" por el agua y que "han suya" esta ley, "que va a ser de todos los andaluces".

La titular del ramo indicó que el proyecto cuenta con el respaldo de los sectores implicados en la gestión de los recursos hídricos e incorpora el 80 por ciento del millar de alegaciones y aportaciones recibidas de asociaciones, entidades, organismos y particulares, así como del Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo de Andalucía, que emitieron informes favorables por unanimidad.

Castillo sostuvo que su contenido, basado en el Acuerdo Andaluz por el Agua suscrito el pasado 3 de febrero, presta una especial atención a asignar los usos del agua conforme a las prioridades de reactivación económica, creación de empleo y cohesión territorial.

Según explicó, entre sus principales novedades, el proyecto incorpora la creación de bancos públicos de agua, que permitirán adquirir el recurso en zonas excedentarias para emplearlos en otros usos, facilitando así una distribución más ajustada a las necesidades de cada zona. A través de ellos, la Administración podrá realizar ofertas públicas de adquisición de derechos de uso con los objetivos de mejorar el estado ecológico, constituir reservas para los fines previstos en la planificación hidrológica y ceder recursos a las entidades supramunicipales o a otros usuarios.

Dentro del nuevo marco de asignación de usos, la futura ley flexibilizará el régimen de las concesiones de agua, que actualmente no permite la entrada a nuevos usos incluso en el caso de que éstos ofrezcan mayor rentabilidad social y económica que los ya autorizados. El plazo máximo se reducirá de 75 a 20 años, salvo si la inversión necesaria requiere un periodo de amortización más largo.

Respecto a la regulación del ciclo integral del agua, Castillo dijo que el nuevo texto reconoce el mantenimiento de las competencias de las entidades locales sobre abastecimiento y depuración, aunque establece que la Administración autonómica podrá intervenir subsidiariamente en determinados casos.

En materia de depuración y saneamiento, el proyecto dispone la aprobación de un plan de infraestructuras en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor. Este documento recogerá los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad especificados para el año 2015 por la Directiva Marco de Aguas de la Unión Europea.

Castillo indicó que la futura ley implantará un régimen económico-financiero acorde con el mandato de la directiva europea de aplicar a partir de 2010 el denominado principio de recuperación de costes. De este modo, el precio del agua estará en consonancia con su consumo efectivo y las cantidades recaudadas tendrán un carácter finalista, es decir, se reinvertirán por completo en los proyectos previstos en el plan de infraestructuras y en la protección y regeneración de las masas de agua.

Asimismo, destacó que la normativa contempla la constitución del Observatorio Público del Agua, órgano de consulta y participación social que, entre otras funciones, se encargará de fijar estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios para poder así establecer las tarifas con criterios claros y transparentes.

PP-A: "INTERVENCIONISTA Y CON AFÁN RECAUDATORIO"

En defensa de la enmienda a la totalidad presentada por el PP-A, la diputada Carolina González Vigo explicó que su formación solicita la devolución del texto al Gobierno andaluz por considerarlo "intervencionista, con un gran afán recaudatorio y generador de más burocracia". No obstante, indicó que si dicha enmienda no prospera su formación presentará enmiendas parciales al texto para lograr una ley "con el menor impacto en la economía productiva".

Asimismo, indicó que el proyecto de Ley de Aguas de Andalucía presentado por el Ejecutivo Andaluz incluye la obligatoriedad de los cánones y la imposición de tres nuevos cánones andaluces, con la posibilidad de un cuarto de ámbito local, "que van a suponer una carga tributaria excesiva para el contribuyente". En concreto, indicó que la Administración pretende recaudar con esta normativa 800 millones de euros en los próximos cinco años.

Al hilo de ello, González Vigo destacó que el incremento del agua será "desorbitado e insolidario" y que afectará tanto a la ciudadanía como a los agricultores, industria y hostelería, entre otros sectores. "La tarifa urbana crecerá un 40 por ciento", indicó.

De igual modo, indicó que la intención del proyecto de Ley es ampliar la burocracia en torno al agua con la creación del Observatorio Andaluz del Agua, al mismo tiempo que mantiene el Consejo Andaluz del Agua, ambos órganos de participación, asesoramiento del gobierno y consulta, que serán desarrollados posteriormente vía Decreto.

Además, apuntó que también se crearán los Entes Supramunicipales, la Comisión de Autoridades Competentes y los Órganos colegiados de gestión y coordinación. "Todo ello incrementará innecesariamente el gasto de administración autonómica y la burocracia en torno al agua que deberá ser asumida por el ciudadano a través del canon de servicios generales", apostilló.

"SATISFACCIÓN" DEL PSOE-A e IULV-CA

Por su parte, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro mostró la satisfacción de su formación con la normativa, aunque dijo que IULV-CA trabajará durante el trámite parlamentario que le resta para mejorarla y que se convierta en una normativa "modélica" en el conjunto del Estado. Además, dijo no compartir los argumentos del PP-A, desmintiendo que el proyecto de Ley tenga "afán recaudatorio".

Castro aseguró que este proyecto de Ley no tiene "nada que ver" con el presentado durante la anterior legislatura, "el cual no asumía la dimensión ambientalista que debe estar presente en las políticas de agua". No obstante, dijo que IULV-CA no entiende las contradicciones que existen entre la presente normativa y los trasvases en el río Castril o la intervención en los acuíferos de Doñana.

Si bien, el diputado de IULV-CA mostró su especial satisfacción en asuntos como la exención de un primer tramo de consumo como derecho humano o el carácter ambientalista de esta ley. "Creemos, modestamente, que la normativa contiene muchas de las señas de identidad que nuestra fuerza política ha venido reclamando junto a muchos colectivos y agentes implicados en la gestión del agua", agregó.

Por último, el diputado del PSOE-A Fidel Mesa dijo que el PP-A quiere "quedarse solo una vez más", ya que su lema es "confrontar por confrontar". Además, aseguró que los 'populares' han utilizado "demagógicamente" el agua para "dividir y enfrentar". "En la presente ley prima el ahorra frente al despilfarro y se busca recaudar para invertir en infraestructuras", concluyó.