Andalucía firma un convenio para facilitar la acogida de mujeres víctimas de violencia de género en otras CCAA

SEVILLA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, informó hoy de la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y los gobiernos de las comunidades autónomas de Castilla y León, Islas Baleares, Cataluña, Aragón y Comunidad Valenciana para facilitar la coordinación de las redes de centros de acogida a mujeres que han sufrido malos tratos.

Según explicó Navarro durante su comparecencia parlamentaria, dicho acuerdo, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2010 y tendrá una duración indefinida, facilitará que las mujeres víctimas de violencia de género que se encuentren en una situación de riesgo tal que "no puedan permanecer en su provincia o CCAA, puedan ser acogidas en los centros de acogida de otras de las regiones firmantes".

De este modo, la consejera afirmó que su objetivo es "atender la necesidad de las mujeres que han sufrido malos tratos de alejarse de manera inmediata del agresor y rehacer su vida fuera del entorno físico en el que vivían, garantizando su total protección y seguridad".

"A pesar de que no es lógica la doble victimización por las que las mujeres, además de sufrir violencia de género tienen que abandonar su domicilio, somos conscientes de que, en muchos casos, para garantizar la seguridad de las víctimas hay que recurrir a su ingreso en una casa de acogida, incluso en otras CCAA", apuntó.

Cada gobierno, de acuerdo a su normativa interna tramitará el ingreso de la afectada basándose en los principios de "celeridad, seguridad y confidencialidad" y lo comunicará a través de medios telemáticos a la comunidad de origen. De hecho, en los casos de máxima gravedad o peligro inminente, el ingreso deberá resolverse en un plazo máximo de 24 horas y los costes del desplazamiento correrán a cargo de la CCAA de origen.

Según precisó Navarro, se agilizará el proceso de derivación entre CCAA con la creación de criterios uniformes para la acreditación de la mujer como víctima de violencia de género y la comunicación "directa" entre las administraciones autonómicas para conocer la disponibilidad de plaza, señalando de que, en caso de rechazar el acogimiento, las comunidades deberán de "motivar su denegación".

Asimismo, la CCAA de origen derivará los informes y documentación necesaria acerca de la víctima para que la respuesta sea la "más adecuada a sus necesidades específicas". Según precisó, en lo que va de año, se han derivado un total de 16 mujeres a centros de emergencia de otras comunidades y siete a casas de acogida.

Además, según informó la consejera, este convenio contempla la creación de una comisión sectorial de desarrollo y seguimiento del mismo, integrada por todas las CCAA firmantes, que establecerá un sistema de información y comunicación común.

Actualmente, Andalucía dispone de 34 centros de acogida para mujeres maltratadas y menores a su cargo que los acompañen, nueve centros de emergencia con 146 plazas y 17 pisos tutelados con 19 plazas, además de una línea de ayudas para el alquiler, con lo que se logra, según Navarro, una "intervención específica y multidisciplinar que incluye actuaciones en el ámbito social, psicológico, socioeducativo y jurídico". Tal y como informó, en 2008 fueron atendidas en Andalucía en estos dispositivos 2.500 mujeres y menores a su cargo.

Por último, la consejera insistió en la "importancia" de que las mujeres denuncien en el caso de encontrarse en una situación de malos tratos, lamentando que, de las once mujeres que han muerto en Andalucía por este fenómeno en lo que va de año, sólo una había presentado una denuncia; mientras que en el total de España, de las 48 mujeres asesinadas, sólo 14 habían denunciado a su agresor.

INCREMENTAR RECURSOS DE ATENCIÓN

Por su parte la diputada popular María Dolores López Gabarro consideró "positivo" el convenio y un "importante avance" para erradicar la "lacra social" que constituye la violencia de género. No obstante, criticó el rechazo del Grupo Socialista a iniciativas planteadas por el Grupo Popular relativas a la seguridad personal de las víctimas planteada en la propia normativa o el plan de sensibilización.

Además, destacó que, a pesar de que la Junta insiste en que la lucha contra la violencia de género es una "prioridad", la pasada legislatura la Administración invirtió 41,8 millones de euros en esta materia frente a 96 millones destinados a publicidad.

Por último, el diputado por el Grupo de IULV-CA José Manuel Mariscal apoyó la firma de este convenio, aunque insistió en que "alejar a la mujer de su ámbito no debe de ser la norma, sino que hay que procurar que el desplazado sea el agresor, así como que la justicia caiga sobre ellos con dureza".

Asimismo, apostó por incrementar los recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, tales como casas de acogida, centros de emergencia y pisos tutelados ya que, "por desgracia, la situación hacer que siempre sean pocos los que se pongan en marcha".