Reclamará mayor financiación para el desarrollo de la Ley Integral contra la Violencia de Género y más recursos humanos y técnicos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El BNG exigirá al Estado central la creación de cinco juzgados específicos de violencia de género para descongestionar los más de 2.600 casos pendientes en los tribunales de Galicia, de los cuales 2.336 se corresponden con trámites penales y 378 son civiles.
Así lo reclama la diputada nacionalista Olaia Fernández Davila en una Proposición No de Ley que presentará en el Congreso y por la que instará al Ejecutivo a que cumpla con la demanda de Galicia de crear juzgados específicos en las principales ciudades gallegas, ya que en la actualidad sólo existen en A Coruña y Vigo.
En rueda de prensa, Fernández Davila advirtió que los juzgados de los civil y lo penal "sufren una carga" adicional con estos procesos con lo que se acumulan los procesos y "quedan sin resolver". Al respecto, el diputado autonómico del BNG Iago Tabarés puso de manifiesto que en 2006 había en Galicia 1.711 casos penales y 306 civiles de violencia de género sin resolver.
Por su parte, la secretaria xeral de Igualdade de la Vicepresidencia de la Xunta, Carme Adán, que mostró su apoyo a la proposición, apuntó que el número de demandas en 2007 se incrementaron en un 11 por ciento frente al ejercicio anterior y, aunque supuso un paso "muy importante" para las mujeres, porque automáticamente se abren un proceso civil y otro penal, repercutió en una subida del 23% el número de procesos civiles y un 36% los penales.
Ante estas cifras, la parlamentaria por Pontevedra evidenció la "necesidad" de construir juzgados específicos por lo que incluyó en la PNL varias preguntas entre las que interpelará al Gobierno sobre su intención de dotar de este recurso a "todas las Comunidades Autónomas que los soliciten --y argumenten la petición--" y, concretamente, "si edificará los cinco nuevos juzgados en las ciudades gallegas".
"DÉFICIT FINANCIACIÓN".
Asimismo, Olaia Fernández Davila constató "déficit de financiación" en la Ley Integral Contra la Violencia de Género, que entró en vigor hace tres años, de manera que demandará al Gobierno un "incremento financiero" para el desarrollo de las políticas integrales, al tiempo que exigirá recursos humanos y técnicos.
En esta línea, promoverá que el Ejecutivo que "garantice" la debida coordinación entre los juzgados especializados y los cuerpos de seguridad del Estado con el fin de realizar los seguimientos de las órdenes de alejamiento y las medidas de protección a las mujeres que recoge la ley.
Además, solicitará al Gobierno que evalúe la aplicación de normativa y que informe sobre si ha previsto la formación necesaria para el personal que realiza las tramitaciones jurídico-administrativas de los casos de violencia de género, ya que, denunció, los informes del Ejecutivo sobre el cumplimiento de la normativa son "parciales".
