MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid cuestionó hoy la metodología del informe elaborado por el Defensor del Pueblo sobre la situación de los centros de menores en las comunidades autónomas, al tiempo que anunció un protocolo de mejora con la Fiscalía de Madrid para proteger a este colectivo, según señaló la consejera de Familia y Asuntos Sociales, Engracia Hidalgo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Si bien Hidalgo aseguró que "cualquier recomendación que sirva para mejorar" la situación de estos adolescentes, la Comunidad está dispuesta "no sólo a asumirla sino a trabajarla conjuntamente", porque, a su juicio, hay que tener en cuenta que la conducta de estos menores es "difícil".
Señaló que los menores están siendo tratados "por las personas que entienden de esos niños" y se plantea, por tanto, si la metodología empleada en la elaboración de dicho informe es la adecuada.
"En el centro hay psiquiatras, psicólogos, educadores, y esas personas trabajan porque son las que entienden", recalcó Hidalgo, quien, "con absoluto respeto al Defensor del Pueblo y a cualquier recomendación que surja", se planteó si la metodología utilizada en el informe "también es la adecuada para poner de manifiesto si las conductas que se llevan a cabo son las adecuadas o no".
En este sentido, subrayó que en dichos centros están los trabajadores especializados en estos casos y que son los que dicen cómo hay que tratar a los niños. "Esas son las personas que entienden", apostilló, al tiempo que aseguró que, de este modo, le gustaría conocer si la metodología que se ha seguido en dicho informe también "está basada por gente que entiende de lo que se está hablando".
No obstante, reconoció que una vez conozca la metodología, "cualquier recomendación que surja como positiva", estará dispuesta a trabajarla y "siempre a garantizar todos los derechos de esos niños, que es un objetivo básico de este Gobierno", matizó la responsable de Asuntos Sociales, al tiempo que insistió en que los profesionales se podrán cuestionar entre sí, pero ella, como economista que es, no lo va a hacer.
"Unos psiquiatras podrán criticar a otros, unos pedagogos a otros, pero es difícil que una economista se ponga a criticar a un psiquiatra... Desde luego, el método no, no me siento cualificada para analizar desde ese punto de vista si es buen método o no", añadió, haciendo hincapié en que se está hablando de la atención a "seres humanos y criaturas" a las que cuidan "con mimo y con cariño" intentando que sean capaces de resolver los problemas que tienen y se reinserten con sus familias. De hecho, recordó que el 35 por ciento lo logra.
Así, destacó que es tal el esfuerzo que está haciendo la Comunidad en este sentido que la próxima semana se va a firmar un protocolo con la Fiscalía de Madrid "para contemplar más medidas de garantía para el cuidado de los niños que tienen una conducta social delictiva y muchos problemas". "Es el resultado de un trabajo de tres meses", apuntó Hidalgo, mientras recordaba que apoya cualquier actuación que tenga que ver con este cometido porque su objetivo es que los niños "estén lo mejor posible".
4.500 NIÑOS TUTELADOS
La situación de los centros de menores fue análisis del Consejo de Gobierno celebrado hoy después de la publicación del informe del Defensor del Pueblo que recogía conductas y vejaciones a los niños internos por parte de los trabajadores del centro. La consejera, que ha mostrado su "sorpresa" sobre cómo se ha filtrado a la prensa dicho informe, recordó que en Madrid hay 4.500 niños tutelados, de los que 1.700 viven en centros de menores repartidos en 125 centros con 2.600 profesionales como médicos, psicólogos, educadores, y personal de servicio.
"Estoy convencida de que hacen una labor día a día que beneficia siempre a estos niños, y desde aquí les mando mi apoyo porque estos días, con lo que está apareciendo en los medios, están preocupados porque trabajan y trabajan seriamente por el bien de los niños", aseguró Hidalgo, quien recalcó que, precisamente, lo que ha salido publicado sobre los centros madrileños "no se ajusta a la realidad".
Es el caso, en su opinión, del centro que peor valorado ha salido en el informe del Defensor del Pueblo, el situado en el Picón del Jarama, que "es único en esta tipología, cuenta con 44 adolescentes, todos con conductas muy complicadas". Así, Hidalgo aseguró que lo ha visitado en persona y que no existe nada de lo que se denuncia en el informe. "No existen suspensiones mecánicas en el centro y los menores no están maniatados", apuntó.
Además, aseguró que al contrario de lo que señalaban los menores entrevistados, que acusaron al centro de impedirles la educación como método de castigo, la consejera manifestó que el 60 por ciento de los menores estudia fuera y que los que no lo pueden hacer porque están en "una fase conflictiva o están nerviosos", reciben clases dentro del propio centro de profesores procedentes de la Consejería de Educación. "En ningún momento se priva a los niños de Educación y no se les deja sin comer como castigo", insistió.
Para mostrar esto, la consejera enseñó una serie de fotografías de las aulas, las habitaciones, y, en su opinión, "no se puede decir que sea lo que se ha transmitido si uno sólo lee los papeles". Así, indicó que cada uno de los niños de este centro le cuesta a la Administración regional unos 123 euros al día, y que están atendidos por 105 personas. "Entendemos que (el centro) tiene los parámetros de calidad que tiene que tener... No obstante, cualquier recomendación que nos permita mejorarlo, estamos dispuesto a hacerlo", agregó.
Preguntada por si en los últimos meses la Consejería ha recibido alguna queja procedente del Pijón del Jarama, Hidalgo aseguró que no ha recibido ninguna comunicación, al menos desde el pasado 2 de octubre, que fue cuando el Defensor del Pueblo visitó el centro para realizar el informe. Además, recalcó que el seguimiento es "permanente" a través de una comisión que, al menos, hace visitas dos veces al mes y que hay personal de la Consejería que está en contacto continuo. "El conocimiento de lo que allí acontece es quincenal", concluyó.
COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES
La consejera de Familia y Asuntos Sociales matizó, además, que la colaboración de la Comunidad de Madrid con todas las instituciones, como el Defensor del Pueblo o el Defensor del Menor, ha sido, es y será continua y "absoluta", y que, por lo tanto, cualquier información y recomendación que "sea para mejorar la vida y el bienestar de los niños", lo tendrán en cuenta.
De esta manera, hizo referencia a la información publicada hoy en el diario 'El País' en la que se recogía que la Comunidad desoyó en varias ocasiones las recomendaciones del Defensor del Pueblo en la actuación de uno de los centros de la Comunidad de Madrid, 'La Jarosa'. "Es totalmente incierto", aseveró, explicando que el Gobierno regional se comunicó hasta en siete ocasiones con esta Institución.
Finalmente, continuó, el 15 de diciembre del pasado año llegó una comunicación a la Consejería por parte del Defensor en la que explicaban que se cerraban las investigaciones sobre dicho centro. "Es decir, se cierra el expediente porque no encuentran ningún tipo de problema", indicó la consejera, quien apuntó que les llama mucho la atención que esta institución cerrara la investigación y ahora presente un informe para el Congreso de los Diputados en el que se habla con palabras "bastante duras" en una decena de páginas sobre dicho centro.