MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, considera que la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación que se encuentra en trámite parlamentario no generará más litigiosidad en los tribunales españoles ni saturará la justicia, como dicen sus detractores, porque la normativa por la accesibilidad no ha generado este efecto.
Pérez Bueno ha comparecido para informar sobre el proyecto de Ley ante la Comisión de Igualdad del Congreso a petición de CiU, Grupo Popular y Grupo Socialista y ha explicado que desde que la aprobación en 2007 de las sanciones en materia de accesibilidad para personas con discapacidad, la Administración General del Estado "no ha impuesto ninguna sanción" y, aunque se han dado "varias" denuncias, "sólo ha habido tres procesos civiles por discriminación".
"El temor a que esta ley suponga una alteración sustancial de la vida diaria, al menos en discapacidad, no lo hemos vivido y en materia de infracciones no ha habido ninguna imposición de sanción", ha explicado Pérez Bueno, para apuntar que "la Administración se lo piensa mucho a la hora de imponer sanciones" por discriminación.
Además, ha señalado que, atendiendo a su experiencia, los ciudadanos son reacios a acudir a los tribunales porque tienen "pavor a la justicia, a lo lenta que es, al coste que tiene, a lo inteligible que puede resultar" y, pese a ello, la existencia de una ley sirve como disuasión para el infractor.
"Creo que la legislación no es tanto una invitación a pleitear (...) como una herramienta que en manos de las personas y las organizaciones, bien usada, disuade", ha añadido. En su opinión, "no es necesario llegar a un pleito pero al saber que existe la posibilidad de ser llevado a los tribunales y ser sancionado, el infractor puede pensárselo".
Con todo, el CERMI ha planteado una batería de propuestas de enmienda a la norma, como modificar el Código Penal para tipificar o ampliar los tipos de discriminación, que se incorporen a la nueva ley la obesidad y la apariencia física como motivos explícitos de discriminación y que sea de aplicación también en los ámbitos de ocio, tiempo libre y recreo, en la actividad física y en el deporte, entre otras propuestas.