Dependencia.- Jiménez llama a agilizar las evaluaciones y otorgar las prestaciones a quienes ya las tengan reconocidas

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, hizo hoy un llamamiento para que las administraciones "aceleren las evaluaciones" de las personas dependientes y otorguen las prestaciones y servicios a las personas que ya las tengan reconocidas, puesto que "es un derecho" que fija la Ley de Autonomía personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo en el Congreso de los Diputados, la ministra pidió a todos los implicados en el desarrollo de la norma "un esfuerzo suplementario para responder aún mejor a las expectativas puestas en la Ley de Dependencia". Así, dijo que esta norma ha supuesto "un gran paso adelante" pero precisó que el trabajo realizado hasta ahora "no es suficiente".

De este modo, Jiménez indicó que desde la aplicación de la ley, el 1 de enero de 2007, hasta principios de este mes, se han registrado un total de 920.010 solicitudes de personas que quieren que se analice su situación de dependencia, de las que el 70 por ciento ya tienen reconocido el derecho a recibir los servicios y prestaciones que establece la norma.

La ministra recalcó que "el afianzamiento de este nuevo derecho requiere tiempo y cooperación entre las distintas administraciones", aunque pidió que todos los agentes implicados hagan un esfuerzo para hacer "efectiva" su aplicación.

"Nuestro gran objetivo es que los ciudadanos a los que se dirige la ley puedan efectivamente ser beneficiarios de la prestación o servicio que les corresponde lo antes posible", para lo que el Gobierno "potenciará el dialogo, la cooperación y la colaboración con las comunidades autónomas".

Asimismo, destacó que el Gobierno ha hecho un esfuerzo suplementario para mejorar el presupuesto destinada a la aplicación de esta norma, "la inversión en estos primeros años de aplicación es de 2.829 millones de euros, un 37,5 por ciento más de los previsto en la ley", aunque avisó de que la adecuada financiación de la norma "también compete a las comunidades autónomas".

CRÍTICAS DEL PP Y CIU

Por su parte, la portavoz del PP, Lourdes Méndez, recalcó que la aplicación de la ley tiene "un problema muy claro de financiación" y añadió que las disfunciones en su aplicación han provocado que "más de 10.0000 personas dependientes hayan fallecido sin recibir la prestación". "El desarrollo de la ley es responsabilidad de todos pero no puede poner todo el peso en las comunidades", aseveró.

A su vez, el diputado de CiU Carles Campuzano denunció la "enorme diferencia de aplicación" de la norma en las distintas comunidades y criticó el mal sistema de financiación planteado desde el inicio, que ha generado que, por cada euro que pone el Gobierno, las comunidades autónomas pongan tres. Además, avisó de que "existe el riesgo de que se convierta en una ley que dé unas pesetillas".

Por otra parte, la ministra destacó que el 'Plan de promoción del envejecimiento activo y saludable', que anunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la clausura del III Congreso de Mayores celebrado en Madrid, se presentará durante la presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre de 2010, y contendrá políticas orientadas a la prevención de las situaciones de dependencia.

Además, señaló que su departamento fomentará el ejercicio positivo de las responsabilidades parentales, lo que se denomina 'parentalidad positiva', y puso de relieve que gracias a las políticas del Gobierno socialista 350.000 padres han disfrutado del permiso paternidad y cerca de 500.000 familias han recibido 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo.