VALENCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Más de 80 asociaciones pertenecientes a la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Valenciana (Cocemfe CV) han convocado para el próximo 6 de noviembre una manifestación a favor de la implantación y desarrollo de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia en la autonomía, según informó la entidad en un comunicado.
La manifestación, a la que asistirán también personas con discapacidad y dependientes de las provincias de Alicante y Castellón, comenzará a las 11.30 horas en la Plaza del Temple y, tras una parada simbólica ante las Corts Valencianes, finalizará en el Palau de la Generalitat con la entrega de todas las firmas recogidas en la administración autonómica y la lectura de un manifiesto reivindicativo en el que se recogerán las principales necesidades de las personas con discapacidad.
La Asamblea de Cocemfe CV acordó "hace unos meses" organizar y convocar esta manifestación "con el objetivo de hacer públicas sus protestas, ante los gobiernos central y autonómico, por cómo se está desarrollando y aplicando en nuestra Comunidad la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que inició su andadura el 1 de enero de 2007".
Asimismo, la organización de personas con discapacidad ha iniciado la recogida de firmas de apoyo de personas que "por una u otra causa, no puedan asistir a la manifestación". Según aseguró Cocemfe CV, "esta decisión ha sido adoptada tras las innumerables quejas recibidas desde sus asociaciones" --el síndic de Greuges tramita "más de 1.550 quejas"-- y a la "insostenible situación que están sufriendo muchas personas dependientes y sus familias que están pasando por diversas situaciones".
Entre ellas, Cocemfre citó algunas que son "del todo injustas" como que las resoluciones de los Planes Individualizados de Atención (PIA) "no se realizan con carácter retroactivo, tal y como indica la Ley" y "en muchas ocasiones no se negocia pues se coacciona a la gente a firmar lo que les ofrecen algunos técnicos".
Asimismo, añadió que todas las personas "tienen derecho a que se les valore y que no se les aplique el sistema 'pasarela' (valoración administrativa o virtual sin la presencia del dependiente)" y añadió que "existen desacuerdos en las valoraciones practicadas por los técnicos de AVAPSA (empresa creada por la Conselleria de Bienestar Social para desarrollar la ley) y el propio valorado".
En esta línea, agregó que "no se ofrece en los PIAS la asistencia a domicilio; se están enviando desde AVAPSA, de manera indiscriminada, notificaciones denegatorias sin informar de grado y nivel a personas gravemente afectadas por distintas discapacidades" y consideró que "la tardanza en el cobro de las prestaciones es un hecho".
Además, subrayó que "en ocasiones, las resoluciones llegan al interesado cuando éste ya ha fallecido y los familiares no perciben las ayudas que les corresponderían con carácter retroactivo"; que no se facilita a los demandantes copia de los documentos que firman; se piden documentos personales que "son extraviados" y son reclamados de nuevo repetidamente por la administración y se sigue "enviando la solicitud de autorización para acceder a los datos fiscales de la unidad familiar (ingresos económicos), cuando sólo se debe facilitar los de la persona dependiente".
Para Cocemfe CV, "todos estos trámites son inherentes a la labor que debe desarrollar la Administración autonómica" y expresó asimismo su "queja" de que el Gobierno central "no ha regulado todavía ni el copago, la parte económica que le correspondería aportar a las personas valoradas como dependientes para percibir los recursos, ni el reglamento de certificación de modelo de centros de atención que son los que las distintas administraciones deberían homologar para acoger a las personas dependientes".
