La ministra admite que se debe hacer un "mayor esfuerzo" presupuestario para conseguir los objetivos de la Ley
MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
Todos los grupos de la oposición alertaron hoy a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, durante su comparecencia en la Comisión del ramo del Congreso de los Diputados, que la sostenibilidad del sistema de atención a la dependencia "peligra" con el actual modelo de financiación.
Así, la portavoz del PP, Lourdes Méndez, recalcó que "la insuficiencia financiera es de tal calibre que el coste directo de la aplicación de la Ley sería de 12.500 millones anuales" y el Gobierno está contemplando "1.500 millones anuales".
Méndez destacó que "el problema más importante" de la norma es la falta de financiación, que "está pervirtiendo la aplicación de ley" y que, entre otras cosas, está haciendo que se "priorice la concesión de ayudas económicas en vez de conceder servicios".
Además, dijo que las dificultades en el desarrollo de la ley "se están consolidando" y agregó que no se han cumplido las expectativas del Gobierno sobre creación de empleo. "Seguramente haya que revisar la propia ley", apuntó.
CIU PROPONE CREAR UNA SUBCOMISIÓN
Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, destacó los "problemas de retraso en la valoración y asignación de servicios" y el "malestar" existente en "muchas familias" que tienen a su cargo personas dependientes. "Hay problemas de fondo que no se terminan de resolver", aseveró.
Ante esta situación, CiU pide "abrir un debate sobre la sostenibilidad de la ley en el medio y largo plazo" para que las administraciones, los partidos políticos y el sector privado "dibujen un escenario que dé ganarías y estabilidad al desarrollo de esta Ley". En concreto, su grupo pedirá la creación de una Subcomisión en el Congreso que dé seguimiento al desarrollo de la norma.
Desde las filas del PNV, Joseba Aguirretxea afirmó que la implantación de este derecho de atención a las personas dependientes "llegó para quedarse y no tiene vuelta atrás", por lo que es necesario "asegurar la financiación" para que sea sostenible.
Desde ERC, Joan Tardà afirmó que la norma tiene "muchas disfunciones" y manifestó que "no está garantizada la sostenibilidad del sistema", por lo que reclama la creación de un Fondo Extraordinario para la dependencia.
Por su parte, la diputada de Na-Bai, Uxúe Barkos, avisó que las comunidades autónomas se está "endeudando peligrosamente", especialmente aquellas que están cumpliendo con la ley, por lo que exige a la ministra que diseñe una hoja de ruta en el que se garantice la financiación.
ABIERTA A NUEVOS INSTRUMENTOS
La ministra aseguró que las administraciones tienen que hacer "un esfuerzo mayor" si se quieren cumplir los objetivos previstos en la Ley y dar un servicio de calidad a las personas dependientes, y agregó que se "pueden buscar instrumentos para dotar a la ley de una mayor estabilidad presupuestaria".
Pero, añadió, "la ley no se desarrollado suficientemente para consolidar esa financiación". Jiménez admitió que a día de hoy el Gobierno todavía no sabe el coste real de la aplicación de la ley aunque sabrá el dato "en los próximos meses".
Por su parte, la portavoz del PSOE, Marisol Pérez, reprochó al PP que la aplicación de la ley también corresponde a las comunidades autónomas, "estando retrasadas" en el desarrollo de la norma algunas de las gobernadas por el principal partido de la oposición.
