MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en Madrid, Murcia, Alicante y Gijón por estafar a inmigrantes a los que ofrecían su regularización a cambio de cantidades de dinero que podían ir entre los 1.000 y los 1.500 euros.
En esta operación, los policías detectaron la actividad fraudulenta de nueve empresas que ofrecían contratos de trabajo a inmigrantes para poder regularizar su situación en España, según informó la Policía.
La investigación se inició a raíz de una información recibida en la Brigada de Extranjería y Documentación de la Comisaría Local de Gijón y de un escrito posterior remitido a la Brigada Central contra las Redes de Inmigración por parte de la Agregaduría de España en Bogotá (Colombia).
En él se daba cuenta de la denuncia formulada por un ciudadano de ese país, en la que hacía referencia a la estafa sufrida al haber realizado un pago a unos compatriotas suyos a cambio de una oferta de trabajo con la que podrían regularizar su situación en España.
Los agentes detuvieron a los arrestados como presuntos autores de delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y asociación ilícita. En la operación, se ha detenido a siete persona en Murcia, cinco en Alicante, tres en Gijón y una en Madrid.
Las pesquisas policiales llevaron a la localización de un entramado de empresas, carentes de actividad, ubicadas supuestamente en las provincias de Ávila, Alicante, Murcia y Almería, a través de las que se presentaban solicitudes de autorizaciones de permisos de trabajo y residencia en diversas subdelegaciones de Gobierno del territorio nacional.
Así, se averiguó la existencia de un total de nueve empresas mediante las que sus administradores --relacionados entre sí y bajo la dirección de una misma persona-- habían presentado un total de 660 solicitudes de trabajo de ciudadanos extranjeros, de las que 548 no fueron concedidas. Sabían que la gran mayoría de las solicitudes serían denegadas, entre otras causas porque mantenían deudas con la Seguridad Social, unas cantidades que en la actualidad ascienden a cerca de 272.000 euros.
Los extranjeros pagaban por los permisos pero no trabajaban para las empresas solicitantes o lo hacían por un breve periodo de tiempo con el fin de justificar dichas ofertas, ya que su intención era únicamente la de regularizar su situación en España.
La investigación ha sido llevada a cabo por la UCRIF Central, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, en colaboración con las Brigadas de Extranjería y Documentación de Alicante, Murcia, Almería, Ávila y Gijón. Esta operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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