MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
Familiares y agentes sanitarios presentan poco más de un 10 por ciento de las miles de denuncias por violencia de género que se registran cada año en España, según los resultados del 'Informe sobre la implicación social ante la violencia contra las mujeres', que la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres presentará el próximo jueves, 13 de diciembre, en Sevilla.
La presidenta de esta organización, Consuelo Abril, adelantó hoy en el Congreso que los familiares interponen un 1 por ciento de las denuncias por maltrato de varones contra sus parejas o ex parejas. Mientras, la aportación de los agentes sanitarios que atienden a las víctimas es de un 9,7 por ciento.
Durante su intervención en una Jornada Parlamentaria sobre Perspectiva de Género en Fiscalidad y en los Presupuestos, organizada por IU-ICV Abril advirtió de que estas cifras son "descorazonadoras". "En más del 90 por ciento de las ocasiones fue la mujer la que asumió el riesgo de denunciar y, después retiró la demanda en un 10 por ciento de los casos", dijo.
A su juicio, esta situación pone de manifiesto que la violencia ejercida por los hombres contra sus parejas o ex parejas sigue considerándose un delito privado o perseguible a instancia de parte.
91 FEMINICIDIOS EN 2007
Además, recordó que en lo que va de año se han registrado 91 feminicidios, de los que un 84 por ciento, corresponden a compañeros o ex compañeros de las víctimas. Igualmente, advirtió de que un tercio de los suicidios protagonizados por mujeres se deben a la violencia de género.
Por ello, considera necesario destinar presupuesto a campañas publicitarias sostenidas en el tiempo y dirigidas, no a la víctima, sino al maltratador, por un lado y, al entorno de la víctima por el otro. "En la mayoría de las ocasiones, conocían lo que estaba sucediendo", advirtió.
Durante las jornadas, expertas de género como Paloma Villota, del Consejo Ejecutivo del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense, o Begoña San José, del Forum de Política Feminista, denunciaron que la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) incumpla, "año tras año" la obligación de adjuntar un informe sobre el impacto de género.
