Gobierno aragonés llama a responsabilidad de funcionarios de Juzgados de Violencia de Género para desbloquear huelga

ZARAGOZA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Justicia del Gobierno de Aragón, José María Bescós, hizo hoy un llamamiento a la "responsabilidad" de los funcionarios de los Juzgados de Violencia de Género de Zaragoza que están en huelga para desbloquear la situación creada desde que comenzaron las protestas.

Bescós recordó que el Ejecutivo autónomo ha mantenido negociaciones continuadas con el Comité de Huelga, las últimas la pasada semana, "que desgraciadamente no tuvieron éxito. La representación sindical sigue exigiendo un plus por programa de género notoriamente superior al fijado por el Ministerio de Justicia, pero la política de personal del Gobierno de Aragón y de la Administración de Justicia sólo reconoce en casos justificados la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo y muy difícilmente aumentos retributivos", ha apuntado el viceconsejero.

Añadió que "tampoco la representación sindical ha demostrado que los juzgados de violencia de Zaragoza tengan una especial penosidad, comparándolos con los juzgados de violencia de las Comunidades no transferidas existentes en Baleares, Murcia o Castilla-León".

El viceconsejero destacó "que la huelga se convocó no por jueces ni secretarios judiciales, sino por la representación sindical de los funcionarios de los Cuerpos de gestión, tramitación y auxilio destinados en dichos juzgados. Cierto que el número de dichos funcionarios es inferior a veinte y que la tramitación de los casos urgentes está asegurada por el establecimiento de servicios mínimos por la Diputación General de Aragón, pero no lo es menos que poco a poco aumentan los retrasos y consecuentemente el perjuicio al servicio público".

José María Bescós agregó que "al ser Cuerpos nacionales y seguir dependiendo del Ministerio de Justicia y Consejo General del Poder Judicial se generarán en muchos casos dificultades y cada Comunidad Autónoma intentará solucionarlas 'a su aire', llegando a acuerdos con la representación sindical. Bajo estas consideraciones previas se plantea en la comunidad autónoma de Aragón, el problema de los juzgados de violencia de género".

Respecto a los motivos de la huelga, Bescós subrayó que invocan como primera y fundamental razón que el Gobierno de Aragón les suprimió un "plus específico" que el Ministerio les daba, antes de producirse la transferencia de las competencias de la Administración de justicia la comunidad autónoma. "No es cierto. Ese plus siempre tuvo un carácter temporal, condicionado a la prolongación de jornada y a la certificación de objetivos".

El viceconsejero explicó que en el año 2007, el Ministerio estableció ese plus con efectos 1 de septiembre a 31 de diciembre de ese año. El 18 de febrero de 2008 el Ministerio resucitó dicho programa con efectos retroactivos, de manera que su duración se extendía desde el 1 de enero a 31 de agosto y luego desde el 1 de septiembre de 2008 a 30 de junio de 2009. "Se disfrutaba por tanto, por tiempo determinado y por necesidades del servicio, sin ser nunca una remuneración con efectos indefinidos, de los Juzgados de Violencia".

José María Bescós consideró que, por todo ello, "una vez suprimido ese plus para violencia de género el 31 de diciembre de 2007 por el Ministerio de Justicia, nada se transfirió a Aragón, con lo cual la Diputación General de Aragón (DGA) nada podía ni debía pagar".

El viceconsejero continuó diciendo que "desde 1 de enero de 2008 se iniciaron negociaciones entre la DGA y la representación sindical que se concretaron en un Acuerdo Marco, en Mesa sectorial de 22 de mayo de 2008 (BOA de 2 de julio de 2008), donde se establece un plus lineal para todo el personal transferido que supone para el año 2009, 250 euros mensuales, como adelanto del complemento por puesto de trabajo. Si nada se acordaba allí sobre un plus por el programa de violencia de género, entendía la DGA en interpretación literal, que nada debería pagarse por ese concepto".

"Sin embargo, también es cierto que al restablecerse por el Ministerio de Justicia, el programa de violencia de género el 18 de febrero de 2008, aparecía una circunstancia sobrevenida que no se había negociado ni recogido en el Acuerdo Marco", dijo el viceconsejero.

Bescós señaló también que "para evitar agravios comparativos y ante la reclamación de los funcionarios que entendían que habían perdido una parte de su retribución por la transferencia, el Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior ofreció a los funcionarios de violencia de género de Zaragoza, lo que el Ministerio ofrecía, esto es, 140, 110 y 80 euros por mes, según fueran funcionarios del Cuerpo de gestión, tramitación o auxilio".

El viceconsejero advirtió, por último, "que la atención al ciudadano nos exige a todos regularizar la situación a la mayor brevedad con el establecimiento de un plan de atrasos y correlativamente un plus por prolongación de jornada, pero el escasísimo margen del que se dispone, obliga a hacer un llamamiento al sentido de responsabilidad de los funcionarios, para desbloquear la situación, llegar a un acuerdo y evitar que sigan produciéndose problemas en el funcionamiento de los Juzgados de Violencia de Zaragoza".