Presentado el Plan de Acción para la Infancia y Adolescencia, que contempla nueve líneas estratégicas de actuación
SANTANDER, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno cántabro elaborará una nueva Ley de Infancia y Adolescencia y creará un sistema de detección y notificación de situaciones de maltrato infantil desde los sistemas educativo y sanitario. Estos son sólo dos de los objetivos que se marca el Plan de Acción para la Infancia y la Adolescencia en dificultad social, presentado hoy por la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana.
En dicho documento se analiza la situación actual del sistema de protección a la infancia y se marcan nueve líneas estratégicas de actuación y 15 objetivos para promover un modelo de intervención en infancia y familia que prime el desarrollo de programas de implantación comunitaria.
Junto a la elaboración de una nueva Ley de Infancia y la puesta en marcha el sistema de detección del maltrato, el plan marca otros objetivos como la aprobación de una nueva estructura del Servicio de Atención a la Infancia, Adolescencia y Familia; la elaboración de un programa de fomento del buen trato y prevención de los malos tratos y del abuso sexual, y la puesta en marcha de programas de prevención secundaria.
Asimismo, se quiere propiciar la colaboración con los municipios mayores de 20.000 habitantes para la puesta en marcha de equipos municipales de infancia y familia; crear una red de programas de orientación y mediación familiar y de puntos de encuentro de dependencia municipal; y habilitar una red de centros de día dependientes de las corporaciones locales.
También se propone la Consejería a través de este plan impulsar programas especializados en el tratamiento de los efectos del maltrato y/o abuso sexual; definir una red básica de recursos para la atención a adolescentes infractores; elaborar una norma de desarrollo de las prestaciones económicas a jóvenes ex tutelados; crear un Observatorio de la Infancia y Adolescencia, e implantar un sistema de evaluación permanente.
El plan ya ha sido presentado por la consejera y por la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, esta misma mañana, a asociaciones que trabajan en centros de protección de menores, con menores infractores, con colectivos en riesgo, en acogimiento de niños y a distintos organismos de la Administración vinculados con la materia.
TRANSFORMAR EL SISTEMA
En palabras de la consejera, con este Plan "se han marcado principios, objetivos y líneas estratégicas para transformar" el actual sistema de protección a la infancia "con el fin de conseguir ciudadanos en plenitud de derechos y que puedan incorporarse a la vida adulta sin que las dificultades por las que hayan atravesado les dejen una huella profunda".
Los objetivos y actuaciones previstos en dicho plan se sustentan en las conclusiones extraídas durante el proceso de evaluación del sistema de protección a la infancia que la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha realizado a lo largo de la presente legislatura.
Las tres evaluaciones que se han llevado a cabo, de la red de acogimiento residencial, el sistema de protección, y de los procesos de acogimiento y adopción, han orientado, igualmente, todas las medidas adoptadas durante este periodo.
ESTRUCTURA Y PRINCIPIOS
El Plan se estructura en cinco capítulos. El primero recoge el marco normativo que regula el sistema de protección y los principios generales que lo inspiran; el segundo, resume la situación actual y las necesidades que reflejan las evaluaciones; el tercero, señala las líneas estratégicas; el cuarto, los objetivos, y el quinto, define el seguimiento y financiación del plan.
Los principios generales, consensuados con profesionales y entidades que trabajan en el ámbito de infancia, proclaman que los intereses de los niños y adolescentes deberán prevalecer siempre sobre cualquier otro interés y que los padres y madres son los responsables principales de satisfacer las necesidades básicas, pero no es responsabilidad exclusivamente suya.
Así, se considera que cuando los padres no pueden o no quieren asumir sus responsabilidades, los Servicios Sociales tienen el derecho y la obligación de intervenir, y que éstos no sólo deben actuar en caso de graves carencias en la satisfacción de las necesidades infantiles, sino que también deben trabajar, mediante actuaciones de carácter preventivo, para mejorar la calidad y el bienestar de las familias.
