VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha conocido este jueves la informe sobre el anteproyecto de ley de Integración de Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León que, como ha avanzado el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, confía en aprobar antes de junio.
De Santiago-Juárez ha informado de que esta normativa estará formada por 33 artículos y cuatro títulos a través de los que se promoverá la integración social, económica, laboral y cultural del colectivo de inmigrantes, garantizará sus derechos y establecerá las obligaciones que deberá asumir como fundamento de convivencia.
El anteproyecto de ley se presentará en el formo de la inmigración para iniciar un proceso de participación con el fin de lograr un gran acuerdo de Comunidad en tono a esta norma que De Santiago-Juárez confía en poder consensuar con los tres grupos con representación parlamentaria --PP, PSOE y Grupo Mixto--.
LÍNEAS BÁSICAS
El objeto de la ley, contemplado en el título preliminar del anteproyecto, es la regulación de los principios, actuaciones e instrumentos a través de los cuales los poderes públicos de la Comunidad promoverán la "plena" integración de los inmigrantes, así como la coordinación entre las administraciones, agentes y entidades implicados en materia de inmigración en Castilla y León.
La futura ley promoverá lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, donde, además de la promoción de la integración, también figura como competencia exclusiva la regulación del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León.
Esta norma establecerá un marco de corresponsabilidad por lo que deberá contemplar una doble faceta: por un lado, la garantía de los derechos de los inmigrantes y, por otro, las obligaciones que deben asumir como fundamento de convivencia, especialmente en todo lo que se refiere a los derechos de los niños y de las mujeres.
La nueva legislación contemplará el impulso de los Centros Integrales de Inmigración como espacios de referencia para los inmigrantes que llegan a Castilla y León, donde se desarrollarán acciones de información, asesoramiento, participación y aprendizaje. Asimismo, regulará la figura de los mediadores interculturales, entre los poderes públicos y los inmigrantes, para velar por un mejor conocimiento y entendimiento entre ellos así como entre los propios inmigrantes y cualquier otro colectivo.
Los principios establecidos en la ley para la actuación de los poderes públicos serán el carácter transversal e integrador de las políticas de integración, la garantía del principio de igualdad de trato entre inmigrantes y castellanos y leoneses, la promoción de la participación de los inmigrantes en asuntos públicos y el respeto a su dignidad e interculturalidad en la sociedad de la Comunidad.
Respecto a las actuaciones públicas de integración, se establecerá que estas se dirijan a favorecer y facilitar el ejercicio de los derechos que les corresponden a los inmigrantes según la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legislación aplicable. De esta manera, se regularán la integración en la sociedad, la reagrupación familiar y el ejercicio de los derechos en materia de salud y asistencia sanitaria, educación, servicios sociales, empleo, vivienda, cultura, turismo y deporte.
Los instrumentos de integración son el plan estratégico plurianual de la Junta y el apoyo a los planes y programas de otras administraciones, especialmente de las entidades locales, como convenios, ayudas y subvenciones, acciones informativas y de sensibilización, promoción de espacios interculturales como lugares de encuentro entre la sociedad de acogida y los inmigrantes, acciones formativas de comprensión de la sociedad de Castilla y León, de las instituciones y su organización, así como de los derechos y deberes que se recogen en el Estatuto de Autonomía.
Además, la Junta prevé crear un Consejo de Coordinación de la Inmigración de Castilla y León que será el órgano autonómico encargado de regular la relación de la Administración con los agentes sociales y las entidades de carácter social, entre las que destacan las asociaciones de inmigrantes. Con esta coordinación interadministrativa se evitarán duplicidades y se emplearán de manera más eficaz los recursos disponibles.
