Plantea considerar también víctimas de violencia machista a las de trata y de mutilación genital
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
Podemos defenderá en el Pleno del Congreso del próximo martes la admisión a trámite de su proposición de Ley 25 de Emergencia Social, una batería de medidas que se enmarcan en el denominado 'Plan 25' destinado a lograr el "cumplimento efectivo" del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La propuesta incluye la paralización inmediata de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, acabar con los cortes energéticos y los copagos sanitarios, y garantizar la alternativa habitacional a las mujeres víctimas de violencia machista. Además, plantea ampliar el concepto de víctimas de esta lacra y considerar también a las de trata y de mutilación genital.
Según indicó durante su presentación en febrero el dirigente de Podemos Rafa Mayoral, estas cuatro medidas son "de sentido común, de consenso social" y no supondrían un "coste" a la Administración General del Estado.
A su juicio, dar cumplimento a estas medidas "debería ser una prioridad de todas las fuerzas políticas, antes que cualquier otra consideración". "La situación de emergencia social nos obliga a que no puede haber una legislatura en blanco", agregó.
Del mismo modo, insistió en que en los últimos años se ha rescatado a los "privilegiados" y defendió que éste es el momento "del rescate a la mayoría social".
LA PARTE DISPOSITIVA DE LA LEY
Según defiende la formación que lidera Pablo Iglesias, la proposición de Ley pretende en primer lugar "rescatar a aquellas personas que no ven satisfechos unos mínimos vitales para vivir en condiciones adecuadas.
Para ello, ve necesario recuperar la universalidad de la sanidad y el acceso a los medicamentos, derogar los copagos sanitarios y devolver la tarjeta sanitaria a las personas sin papeles.
Igualmente, quieren establecer las medidas necesarias para paliar y reducir la pobreza energética en los hogares vulnerables, con la intención de impedir que se produzcan cortes de suministro en familias que no tengan recursos para pagar y de rediseñar las condiciones de acceso de los más desfavorecidos a las ayudas públicas destinadas a pagar la electricidad y el gas.
A su vez, el objetivo es garantizar el derecho a una vivienda digna y e impedir los desahucios sin alternativa habitacional, a la vez que regulan el derecho a una alternativa habitacional para mujeres víctimas de las violencias machistas.
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Para ello, proponen que, a efectos de acceder a una vivienda por razón de necesidad, se considere víctimas de violencia machista a todas las mujeres que sufren violencia en la pareja o expareja, a las que sean objeto de violencia sexual, incluidas niñas, de trata y explotación sexual, de matrimonios forzados, así como aquellas que hayan padecido mutilación genital.
El objetivo final de la formación morada es garantizar siempre una vivienda pública con todos los suministros a las mujeres que sufran violencia por el hecho de serlo, ampliando el concepto que recoge la normativa española, que data de 2004, y que restringe el delito de violencia de género a aquel que se produce en el ámbito de la pareja.
En su propuesta, establece que estas mujeres tendrán garantizada una vivienda pública cuando estén en situación de precariedad económica por la violencia padecida, cuando el acceso a una vivienda sea necesaria para recuperarse y para evitar la convivencia con el presunto autor de dicha violencia, aunque no medie una relación de pareja o expareja.
Además, Podemos plantea que podrán acreditar su condición de mujer violentada por violencia machista (para tener acceso a una vivienda de no tenerla) cuando exista: sentencia condenatoria firme; orden de protección o resolución judicial que hubiera acordado la adopción de medidas cautelares de protección a la víctima en vigor; informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia; certificación o informe de los servicios sociales de la administración pública competente.
La formación que lidera Pablo Iglesias también plantea en el acceso a la vivienda pública que se flexibilicen los requisitos que con carácter general se establecen para su acceso, exceptuando a las mujeres víctimas de violencia machista de la prohibición de ser titulares de pleno dominio o derecho real de uso y disfrute de otra vivienda. Según establece, el plazo máximo de resolución para estos accesos será de 30 días desde la presentación de la solicitud.
