MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular presentó hoy una proposición no de Ley por la que exige al Gobierno una reforma de la Ley del Menor, con el fin de eliminar "espacios de impunidad", como en su opinión ha ocurrido con la liberación de 'Rafita', uno de los asesinos de Sandra Palo.
Según explicó la diputada 'popular' María Salom, la iniciativa persigue asegurar que los menores continúen su pena en centros penitenciarios una vez que cumplen la mayoría de edad, y que el tratamiento penal de la delincuencia juvenil sea proporcional a la extrema gravedad del delito.
El PP entiende que este tipo de situaciones "están creando alarma social" y traslada la idea a la sociedad de que "algo no funciona en la justicia". "Es normal que los familiares, amigos y la sociedad en general estén preocupados, porque después de un tiempo breve esta persona pueda salir en libertad", añadió.
A su modo de ver, la reforma de la Ley del Menor impulsada por el Gobierno durante la presente legislatura ha sido "light", "no ha eliminado los espacios de impunidad y no da respuesta a los delitos perpetrados por menores. "Un drama como el que está viviendo la familia de Sandra Palo, debe tener una correspondencia por la justicia española", aseveró.
"PROBLEMAS NUEVOS" DE LA LEY DEL MENOR.
La iniciativa registrada esta mañana por el PP enumera una serie de "problemas nuevos" que, desde su punto de vista, ha creado la Ley del Menor: no da respuesta a la delincuencia protagonizada por menores de 12 y 13 años, no incrementa el reproche penal de la delincuencia extrema cometida por mayores de 16 y no facilita que se ingrese en prisión al cumplir los 18.
Igualmente, los 'populares' advierten de que tampoco resuelve el problema que plantea la prescripción de delitos y faltas y el tiempo máximo de duración de la medida cautelar de internamiento.
Según el PP, la norma tampoco resuelve la imposibilidad de celebrar la audiencia en ausencia del menor y no facilita que las víctimas y los perjudicados disfruten de la posición procesal que merecen, con el fin de evitar que la tramitación del proceso y la ejecución de las medidas se realicen a sus espaldas.
Por último, el Grupo Popular insiste en que la Ley crea un problema grave de financiación en las comunidades autónomas a las que compete la ejecución de las medias impuestas. "Nace una Ley herida de muerte", concluye la iniciativa.
