BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
El grupo de Los Verdes del Parlamento Europeo alertó hoy de que los países que entraron en la UE en mayo de 2004 se disponen a gastar la mayor parte de sus fondos de cohesión y regionales hasta 2013 en grandes infraestructuras de transportes que no tendrán en cuenta el medio ambiente y reclamaron que no repitan "el modelo español", en referencia a este tipo de inversiones en las que España estuvo a la cabeza europea entre 1990 y 2004.
El "verde" español David Hammerstein denunció este miércoles en rueda de prensa la "gran contradicción" que se da en la UE entre sus objetivos para luchar contra el cambio climático y la autorización del gasto de fondos comunitarios para grandes proyectos que no tienen en cuenta el medio ambiente.
De acuerdo con los borradores que los diez nuevos Estados miembros han presentado para su aprobación a Bruselas, en los próximos años dedicarán el 53% de los fondos comunitarios para transporte y energía a la construcción de "grandes proyectos de autopistas", un 10 por ciento al "transporte urbano" y "menos de un 1 por ciento" a proyectos relacionados con las energías renovables o el desarrollo sostenible.
Hammerstein aclaró que lo que piden Los Verdes es una "integración" de los aspectos medioambientales en los proyectos de infraestructuras, particularmente, mediante el cumplimiento de la directiva sobre estudios de impacto ambiental.
El objetivo, dijo, es evitar el "modelo español", consistente en "que la gran parte de los fondos han ido a grandes proyectos de infraestructura de cemento". "¿Queremos repetir la experiencia española en el reste de Europa?", se preguntó.
La rueda de prensa fue seguida por un seminario en el que distintas organizaciones europeas reflexionaron sobre este tema y donde la asociación Friends of Europe ofreció datos que indican que España fue el país que más incrementó sus emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 20014, con un crecimiento del 48 por ciento. En su documento esta organización coincidió en afirmar que "los (nuevos) países deberían evitar el 'escenario español' de incrementar sustancialmente las emisiones de CO2 entre 2007 y 2013".
Entre los proyectos más perjudiciales en España para el medio ambiente, Hammerstein mencionó el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes que presentó en 2005 el Ministerio de Fomento para construir 6.000 kilómetros de autovías y ampliar la red de alta velocidad, con una inversión de 241.392 millones de euros, una cuarta parte de fondos de la UE. Recordó que "en marzo de 2007 la Comisión abrió un expediente de infracción contra España por una posible vulneración de la legislación comunitaria ambiental por la falta de garantías ecológicas".
Denunció también el daño medioambiental que está causando la construcción de la autopista A48 entre Algeciras y Cádiz y que, según denunció, no la justifica ni una mayor demanda de tráfico en la zona ni el hecho de que existe una obra similar en las proximidades.
El desdoblamiento de la denominada "carretera de los pantanos" en la Comunidad de Madrid --la M-501-- también es otro caso, según Hammerstein, de falta de celo medioambiental, así como la autovía de La Palma desde el aeropuerto de la isla hasta el puerto de Tazacorte --que cruzará "uno de los puntos más hermosos de la UE"-- y el Puerto de Granadilla en Santa Cruz de Tenerife que ha sido finalmente autorizado por la Comisión, a pesar de la oposición ciudadana y de miles de quejas ante la UE.
"NO TAN SENCILLO"
Por su parte, la Comisión Europea también dio su punto de vista sobre este asunto en el seminario organizado por Los Verdes, que contó con representantes de sus direcciones generales de Medio Ambiente y Política Regional -encargada de gestionar los fondos estructurales--.
El representante de la Dirección General de Medio Ambiente, Javier Ruiz-Tomás y Parajón, subrayó entre las directivas más importantes de este ámbito la de impacto ambiental y la de impacto estratégico, una normativa más amplia que abarca a grandes proyectos que están formados a su vez por otros más pequeños.
Aseguró que "la legislación comunitaria pretende que a la hora de planear y ejecutar los proyectos se tengan en cuenta desde el primer momento los efectos sobre el medio ambiente y la participación del público en la fase de información".
"La Comisión se esfuerza en verificar que haya una consulta pública sobre los proyectos", dijo antes de admitir que, sin embargo, "determinar el incumplimiento de una directiva en materia de medio ambiente no es tan sencillo".
