Con la aprobación de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar la palabra 'disminuido' y sustituirla por 'persona con discapacidad', este cambio refleja la evolución de la sociedad española y su compromiso con los valores de la igualdad, la diversidad y la inclusión.
Nadie pone en duda que esta reforma marca un hito importante, pero también plantea desafíos significativos.
La comunicación inclusiva no consiste solo en la sustitución de algunas palabras en los documentos oficiales. Es un cambio cultural que debe empezar por reflejarse en el discurso público, en los medios de comunicación y en nuestras interacciones. Empresas, instituciones, medios de comunicación, organizaciones y entidades sociales, desempeñamos un papel crucial en liderar este cambio, promoviendo un lenguaje que refleje la diversidad y fomente la inclusión.
Porque esta modificación lingüística va más allá de una simple corrección semántica. Implica cambiar la forma en la que nos relacionamos y nos comunicamos. Ahora, más que nunca, nos enfrentamos al reto de interiorizarlo e incorporarlo en nuestra comunicación diaria. Y la sociedad, acostumbrada a términos que han definido durante mucho tiempo a las personas con discapacidad de manera peyorativa, debe transformar sus costumbres y adaptarse a una nueva narrativa que refleje la igualdad y el respeto hacia cada individuo, independientemente de sus habilidades.
Y en este proceso es fundamental abrir espacios de diálogo donde se resuelvan dudas y se promueva la comprensión. La comunicación abierta y respetuosa es clave para construir puentes entre las percepciones arraigadas y las aspiraciones de una sociedad que evoluciona.
Esta reforma supone también una oportunidad para educar a la sociedad sobre el impacto que tiene el lenguaje en la percepción de las personas con discapacidad. La falta de conciencia, a veces, sobre cómo nuestras palabras pueden afectar a los demás, es una barrara que debe superarse. Campañas divulgativas y de sensibilización como Cada Palabra Importa, promovida recientemente por nuestra entidad, desempeñan un papel fundamental en este proceso de concienciación.
Aunque la inclusión real implica también acciones concretas que pongan en valor la contribución de las personas con discapacidad a nuestra sociedad. Es necesario darles oportunidades y destacar sus habilidades, logros y potencial, desafiando así estas percepciones negativas tan arraigadas en nuestra cultura. Esta reforma sin precedentes es una oportunidad única para mejorar sus vidas y avanzar en sus derechos.
Pero el éxito de este cambio tan significativo no se materializará plenamente si no contamos con la participación consciente y activa de toda la sociedad. La construcción de una sociedad verdaderamente inclusiva requiere de un compromiso colectivo y sostenido, donde cada persona jugamos un papel crucial. Nuestra capacidad para aprender y evolucionar es esencial.
Porque la responsabilidad de la inclusión no se delega, porque cada palabra que pronunciamos es una oportunidad para construir un espacio donde cada persona sea respetada.
Porque cada palabra importa, y mucho.
Nuria Prieto es responsable de Comunicación de Fundación Juan XXIII, una entidad de referencia con más de 55 años de experiencia en la inclusión sociolaboral de personas en riesgo de vulnerabilidad psicosocial.
