España, así como todo el conjunto de la Unión Europea, hace frente a una situación tanto social como económica sin precedentes; una situación en la que ha quedado demostrado que la concentración exclusiva en el crecimiento económico no contribuye necesariamente a responder a los desafíos generados por una pobreza creciente o por una mayor exclusión de los ciudadanos más vulnerables.
En España, el paro, en especial el de los más jóvenes, alcanza máximos históricos: más de la mitad de nuestros jóvenes está desempleado; en el conjunto de la UE, uno de cada cinco jóvenes no tiene trabajo. Pero este panorama se ensombrece cuando se analizan las estadísticas relativas a los colectivos con mayor riesgo de exclusión: según cifras del INE de 2011, las personas con discapacidad tienen una tasa de actividad del 36,6%, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad.
A nivel europeo, según concluye el Consorcio Europeo de Fundaciones sobre Derechos Humanos en su estudio sobre el impacto de las medidas de austeridad sobre las personas con discapacidad, el 21,1% de las personas con discapacidad se hallan en riesgo de pobreza, comparado con el 14,9% de las personas sin discapacidad.
Por ello, desde el Comité Económico y Social Europeo hemos expresado, en numerosas ocasiones, la necesidad de apoyar soluciones innovadoras para los nuevos desafíos a los que hacemos frente a través de los Fondos estructurales, fomentando nuevas soluciones a los nuevos retos generados por una situación a la que pocos tienen respuesta, pero a la que todos juntos podemos, y debemos, responder.
A través de nuestro dictamen sobre la 'Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006', el CESE apoyó el énfasis que se pone en la innovación social y las posibilidades de respaldar los proyectos en el ámbito de la economía social, el emprendimiento social y las empresas sociales, a través de los Fondos estructurales, y en particular a través del Fondo Social Europeo (FSE).
La innovación social es uno de los caminos que están siendo explorados, y demuestra su valor día tras día: no sólo el sector de la economía social y el Tercer Sector no lucrativo, en general, han sabido resistir los efectos de la crisis como ningún sector lo ha conseguido, creando 14,5 millones de puestos de empleo a través de la UE entre 2006 y 2010, sino que además han sabido responder con soluciones innovadoras a los desafíos derivados de la crisis.
Como ya reconoció el dictamen del CESE sobre "Cómo fomentar una colaboración eficaz en la gestión de los programas de la política de cohesión, sobre la base de las buenas prácticas del período de programación 2007-2013", un ejemplo de cómo las organizaciones del tercer sector lideran en estos aspectos es la Fundación ONCE. Desde el año 2000, la Fundación ONCE gestiona el Programa Operativo "Lucha contra la Discriminación", un programa co-financiado por el Fondo Social Europeo, junto con otras organizaciones de la sociedad civil como la Cruz Roja, Cáritas y la Fundación Secretariado Gitano.
Unidos por el compromiso hacia la promoción de la igualdad de oportunidades a través de la inclusión de los más vulnerables a través del empleo, hemos puesto en marcha distintas iniciativas innovadoras a través de nuestro enfoque integrado, creando asociaciones entre entes públicos y privados, personalizando las medidas de apoyo a las necesidades de cada individuo y combinando toda una serie de servicios bajo un mismo techo.
Basando su enfoque en la premisa de "piensa global, actúa local", el modelo socialmente innovador que se ha desarrollado ha proporcionado resultados más que notables desde el año 2000: 180.000 personas con discapacidad han participado en nuestros programas, 53.000 han sido formadas, y se han proporcionado más de 42.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad, casi la mitad de ellas mujeres.
Sin duda uno de los factores de éxito del Programa "Lucha contra la discriminación" ha sido, y sigue siendo, la capacidad de responder a las necesidades tanto laborales como sociales que derivan de la situación económica en la que se encuentra España, reorganizando los servicios de empleo para proporcionar apoyos dirigidos a los más vulnerables.
Además, la capacidad de movilizar recursos tanto públicos como privados, generando a la vez valor añadido, ha permitido al Programa Operativo ser considerado por diversas instituciones, como el Comité Económico y Social Europeo y por la Comisión europea, como una buena práctica de innovación social y de buen uso del Fondo Social Europeo.
En el CESE seguiremos brindando nuestro apoyo a las instituciones públicas para seguir avanzando hacia los objetivos tanto sociales como económicos que hemos adquirido de cara a 2020 en lo tocante a los grupos más vulnerables como las personas con discapacidad y, en especial en estos tiempos, a los jóvenes con discapacidad.
Por consiguiente, seguiremos contribuyendo a la puesta en práctica de unos Fondos estructurales para el periodo 2014-2020 que, basados en unos presupuestos europeos económica y socialmente responsables, seguirán priorizando la inversión en el crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible, apoyando a los más vulnerables y promocionando la innovación social como herramienta clave para la cohesión europea. Además, acogeremos la propuesta de la Comisión para el Paquete europeo sobre Inversión Social, que acaba de ver la luz.
Se estima que, como parte del acuerdo de los jefes de Estado sobre el Marco Financiero Plurianual, unos 81.000 millones de euros sean asignados al Fondo Social Europeo. Junto con el apoyo que el de reglamento propuesto para el Fondo Social da a la innovación social, confío en que la UE superará sus actuales desafíos y optimizará sus inversiones sociales durante la próxima década.
Miguel Ángel Cabra de Luna es consejero del Comité Económico y Social Europeo (CESE) en representación de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).