"Ley de la Ciencia, la Tecnología... y los ciudadanos". Por José Manuel Fernández, director de Investigación del MICINN

Una de las grandes oportunidades que ofrece la política consiste en trabajar por el establecimiento de normas que revitalicen las estructuras sociales más trascendentales y complejas. Y eso es precisamente lo que hará la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología con el sistema científico-tecnológico español: impulsarlo a través de su apertura a los ciudadanos, al mundo y a su tiempo.

La sociedad española de hoy tiene poco que ver con la existente en los años 80, cuando se aprobó la actual Ley de la Ciencia. Ahora España ha consolidado su presencia en Europa y está formada por 17 Comunidades Autónomas que han desarrollado sus competencias en materia de investigación y que cuentan con agentes emergentes de la I+D que se beneficiarían de una mayor compenetración entre las diferentes Administraciones. Las empresas, las universidades, los hospitales y los organismos públicos de investigación son sus exponentes principales, aunque hay otros ejemplos imprescindibles como los centros tecnológicos y los parques científicos y tecnológicos.

En definitiva, el mismo traje cubre un cuerpo que ha evolucionado y por eso la Ley es necesaria. Sistematiza los nuevos objetivos y procesos, asume la multiplicidad de rostros ejecutores de la ciencia y da a la generación de conocimiento el lugar imprescindible que le corresponde. Se valora como fin último de toda investigación, como factor necesario para la realización de las personas y para el bienestar social, pero también -y esta idea se refuerza- como elemento central para el crecimiento. Sí, la ciencia es importante para la economía y esencial para el desarrollo sostenible. De ahí que la innovación y la transferencia del saber hacia las empresas emerjan como factores de enorme relevancia.

Habrá, por ejemplo, una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología (marco investigador a largo plazo) y un Consejo de Política Científica y Tecnológica (órgano decisorio) donde Comunidades Autónomas y Estado coordinarán sus actividades. Y habrá una Agencia Estatal de Investigación y un Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) que acercarán la financiación pública a todos los agentes.

La Ley afronta los dilemas científicos del nuevo siglo a través de un Comité de Ética que se abrirá a todas las materias que susciten dudas, y aboga por mirar al exterior. Entendiendo la I+D+i dentro de las necesidades del mundo actual, la inserta en la concepción global de la política en España y específicamente en sus políticas de cooperación al desarrollo.

Con este espíritu, se despeja al máximo el camino para la movilidad de los investigadores entre el sector público y el privado, así como entre los distintos países. El objetivo es facilitar su actividad en un contexto global como el de la investigación, eliminando también barreras para atraer a España al mayor talento. La carrera profesional que la Ley diseña para científicos y tecnólogos incentiva su progreso laboral y el desarrollo sin limitaciones de sus capacidades.

Ésta es una ley con vocación de apertura a la sociedad. Ha estado cerca de los ciudadanos desde su origen (con jornadas de debate público e información digital en abierto sobre su proceso de elaboración) y lo seguirá estando porque impulsa el concepto de "cultura científica", la mejor vacuna contra el aislamiento y el paroxismo de la investigación. Es todavía un borrador y como tal está abierto en estos momentos a las aportaciones de los agentes políticos y sociales implicados en su desarrollo, que lo están enriqueciendo con sus opiniones y sugerencias. No se temen las críticas: el objetivo es que el texto resultante sea el mejor posible, el más abierto a la realidad que pisa la ciencia, al ciudadano que se beneficia de ella, a las generaciones que vendrán.

José Manuel Fernández de Labastida es director general de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación.