Mientras el mundo se despedía de Isabel II con una cobertura mediática superlativa, representantes de gobiernos y expertos en educación de más de 50 países estaban reunidos en Nueva York en la Cumbre Mundial sobre la Transformación de la Educación. Esta ha sido una cumbre realmente importante, pues nos estamos jugando el futuro de las jóvenes generaciones, la pregunta de fondo que está sobre la mesa es: ¿qué educación necesitamos para conseguir un mundo justo y sostenible?
Pero con rabia y tristeza hay que reconocer que esta Cumbre ha pasado totalmente desapercibida. En la delegación española que ha asistido a esta cita las ausencias han sido notables: ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; ni Pilar Alegría, ministra de Educación; ni José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, acudieron a uno de los hitos más relevantes de la agenda educativa mundial.
Asistimos incrédulos a la parálisis de la comunidad de donantes para atajar una crisis educativa sin precedentes que ha dejado tras de sí la pandemia. Desde la sociedad civil el reclamo es urgente y claro: no existe excusa para no invertir de manera decidida en educación para afrontar la tremenda brecha educativa que ha generado la pandemia a nivel mundial, y eso pasa por aumentar el número de docentes, promover programas específicos para recuperar las pérdidas de aprendizaje. En definitiva, colocar la inversión en educación como una prioridad irrenunciable.
Los datos abruman y deberían abrir portadas cada semana: 244 millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo siguen sin asistir a la escuela. El mundo vive una crisis en el aprendizaje básico, la alfabetización y las capacidades numéricas entre los y las estudiantes. Se calcula que el 60% de las niñas y niños de todo el mundo no son capaces de leer y comprender un texto sencillo a la edad de diez años. Y una nueva encuesta realizada por la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE revela que una cuarta parte de los países aún no ha recopilado información sobre la infancia que ha vuelto o no a la escuela desde que comenzó la pandemia.
Y ante este panorama, me pregunto, ¿en el ámbito educativo, quién está quedando atrás? Como siempre, las de siempre: las y los más vulnerables, quienes viven en situación de pobreza, las niñas, las poblaciones indígenas, aquellas que no tienen acceso al mundo digital y aquellas que viven en el entorno rural, las y los estudiantes que habitan los campos de refugiados (más de 11 años de media, por cierto). Si además tenemos en cuenta a los 1.000 millones de personas con discapacidad que hay en el mundo, las cifras nos alertan de que uno de cada tres niños y niñas con discapacidad no está escolarizado frente a 1 de cada 7 sin ella; o que en África, la matrícula escolar de personas con discapacidad se estima en no más del 5%. Los datos muestran que las personas con discapacidad se encuentran en todos los estratos sociales del mundo y, sin embargo, la garantía de sus derechos se ven comprometidos si a su discapacidad se le suma la situación de pobreza, el género o la etnia a la que pertenecen.
La Cumbre Mundial por la Educación ha abordado entre otros temas urgentes la realidad del derecho a la educación de las personas con discapacidad que Entreculturas denuncia en su último informe, la educación en situaciones de crisis, el reto global de abordar la crisis del aprendizaje, transformar la educación para transformar el mundo, la transformación digital de la educación y el fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres a través de la educación. Así pues, esta cita internacional deja un mensaje evidente: se hacen urgentes cambios radicales de tendencias en la inversión en educación para cumplir los compromisos internacionales.
El pasado mes de febrero tuvo lugar la Cumbre Mundial de la Discapacidad donde se lanzaron 10 recomendaciones para que los Estados, la comunidad de donantes, los actores humanitarios y de desarrollo, y las organizaciones de personas con discapacidad colaboren para mejorar la inclusión de la discapacidad en los marcos legislativos e institucionales y la prestación de servicios:
.- Fortalecer los sistemas educativos y su financiación para garantizar la inclusión de las y los estudiantes con discapacidad.
.- Reconocer la importancia del aprendizaje inclusivo de 0 a 6 años y que ha de continuar en la educación primaria, secundaria y más allá.
.- Formar en educación inclusiva a las y los profesionales de la educación, incluidos los ministerios de educación.
.- Fortalecer el apoyo específico al estudiantado con discapacidad en términos de becas, infraestructuras inclusivas y soporte.
.- Promover la inclusión social mediante servicios comunitarios inclusivos.
.- Cualquier entorno segregado o especial que no esté en línea con la Convención debe eliminarse gradualmente.
.- Garantizar la educación inclusiva en situaciones de crisis, emergencia y conflicto.
.- Promover la inclusión de las personas con discapacidad en la formación profesional y la educación superior y facilitar el acceso a oportunidades de trabajo digno.
.- Poner en marcha estrategias que aúnen sectores sanitarios, escolares y sociales para el apoyo integral al alumnado con discapacidad.
.- Aumentar la información y el conocimiento sobre la educación inclusiva para la formulación de políticas públicas.
Es urgente. No lo dejemos para 2030. No podemos permitírnoslo. Tenemos un compromiso ineludible con el derecho a la educación de quienes se están quedando atrás. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. La educación no puede esperar.
Ramón Almansa es director ejecutivo de Entreculturas
