Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA y miembro del Comité de presidentes de FINRESP - FINRESP
Los acontecimientos de los últimos años han dejado claro que el cambio climático es una realidad que condiciona los aspectos económicos y sociales, tanto en España como en el resto del mundo. La media anual de las pérdidas económicas causadas por fenómenos meteorológicos y climáticos extremos entre 1984 y 2014 en la Unión Europea se cifró en 14.200 de millones de euros. En la década siguiente, la comprendida entre 2014 y 2024, esa cifra había aumentado en un 55%, hasta alcanzar los 22.000 millones, según la Agencia Europea de Medioambiente (EEA, en inglés).
Los fenómenos naturales adversos son cada vez más frecuentes, más intensos y afectan a áreas más extensas. Las cifras de la EEA dan cuenta de la creciente huella de daños materiales que dejan los eventos climáticos extremos, a los que hay que sumar las pérdidas humanas originadas, habitualmente, por inundaciones y olas de calor extremas. En España, la DANA que afectó al Sudeste peninsular entre finales de octubre y comienzos de noviembre de 2024 constituye un ejemplo paradigmático de este tipo de sucesos.
Fenómenos como la llamada "DANA de Valencia" o los incendios forestales acaecidos en distintos puntos de España el pasado verano dejan infraestructuras dañadas, viviendas inhabitables, negocios paralizados y explotaciones agrarias afectadas. Más allá de los daños materiales, estos sucesos frustran los proyectos vitales de miles de familia y dejan en el conjunto de la sociedad sensación de vulnerabilidad. FINRESP sostiene que, ante este tipo de situaciones, las finanzas representan una herramienta de prevención, protección y recuperación. En definitiva, un instrumento que promueve la sostenibilidad y la resiliencia comunitaria.
La experiencia reciente de España ofrece datos contundentes para esta reflexión. Históricamente, el sistema de aseguramiento español desembolsaba entre 600 y 1.500 millones de euros al año por daños causados por el clima. Estas magnitudes corresponden a la suma de los desembolsos realizados por los seguros patrimoniales y de automóvil, el seguro agrario y el Consorcio de Compensación de Seguros. En 2024, sin embargo, esta cifra superó los 6.400 millones. El salto se explica por la DANA de Valencia: este evento ha sido la mayor catástrofe natural de en España desde que se tienen registros.
Los acontecimientos extremos dejan al descubierto las brechas de protección que existen en la sociedad. España presenta tasas de aseguramiento de la vivienda elevadas si se comparan con las de otros países. A pesar de ello, una de cada cuatro viviendas de la provincia de Valencia no se encontraba asegurada cuando ocurrió la DANA. A esto hay que sumar la existencia de casos de infraseguro. Es decir, de contratos en los que los capitales asegurados contemplados son insuficientes para atender las consecuencias más extremas que puede generar un siniestro.
Un suceso climático adverso actúa como un multiplicador de desigualdades. Afecta a todos, pero no por igual. Las familias y negocios más pudientes suelen estar bien asegurados y, gracias a ello, pueden recuperarse rápidamente. Entre tanto, quienes tienen menos recursos carecen de la protección adecuada y, por ello, cuentan con menor capacidad de adaptación. Esto hace que las vulnerabilidades preexistentes se entrecrucen con las consecuencias de los desastres naturales sobrevenidos. Reducir la brecha de protección, extender la presencia del seguro, contribuye a que todos los afectados por una desgracia puedan reponerse y preserva la cohesión del tejido social.
Tal y como deja constancia la Memoria social de FINRESP recién publicada, el sistema financiero español funciona ante fenómenos naturales de calado como una verdadera red de seguridad. Todos sus actores contribuyen: seguros, banca e instituciones de inversión colectiva.
A finales de 2024, el Gobierno aprobó un supuesto excepcional de liquidez en los planes de pensiones para las personas afectadas por las inundaciones. En concreto, permitió retirar hasta 10.800 euros de sus derechos consolidados. Las gestoras agilizaron los trámites para facilitar el acceso a esos fondos. En paralelo, el sector bancario anunció una moratoria de tres meses, ampliable, para préstamos de particulares, autónomos y pymes. Estas actuaciones daban continuidad a las actuaciones probadas durante la pandemia de COVID-19 (2020) y la erupción del volcán de La Palma (2021).
La experiencia de los últimos años demuestra que las herramientas financieras permiten amortiguar el impacto inmediato de los eventos climáticos extremos. Pero una de las claves para lograr una recuperación exitosa es la prevención. De la misma forma que el sistema puede disponer de medios para financiar la recuperación, existen vías para evitar o, por lo menos, amortiguar el daño que ocasionan las catástrofes naturales.
Así, la gran transformación pendiente consiste en pasar de una lógica reactiva a una preventiva y adaptativa. Para el sistema financiero, esto implica la anticipación de riesgos climáticos y su integración en su oferta de productos, la promoción de infraestructuras apropiadas, la adaptación de construcciones e instalaciones, además del impulso de la colaboración con el sector público en mecanismos que combinen mercado y solidaridad.
La transición climática es uno de los mayores desafíos que afronta la humanidad actualmente. Se trata de un desafío mundial, no exclusivo de tal o cual país. FINRESP sostiene que el sistema financiero español ha demostrado su capacidad para ser parte activa de la solución. Integrar verdaderamente los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG, en inglés) significa alinear el capital con el bien común, de modo que cada euro contribuya a una sociedad más inclusiva y resiliente. Es imposible evitar que se produzcan episodios extremos, pero sí podemos prevenir, protegernos y disponer de mecanismos de recuperación que beneficien a todos.
Por Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA y miembro del Comité de presidentes de FINRESP