SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía (Aamaa) ha remitido un escrito al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el cual solicitan que, ante la prevista reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuyo borrador establece la exclusión de este colectivo de las labores de policía judicial, estos trabajadores puedan conservar unas funciones que llevan ejerciendo "desde hace mucho tiempo".
El presidente de la asociación, Antonio González, ha explicado a Europa Press que, según la información que ha trascendido, los agentes tendrían que remitirse a ser "simples mensajeros" cuando localicen casos relacionados con actividades delictivas en un entorno natural, tales como incendios forestales, fauna envenenada o muerte violenta de linces.
"Eso no es operativo, hasta ahora actuamos directamente cuando tenemos conocimiento", ha defendido González respecto a la intervención de un cuerpo "con cerca de mil funcionarios de carrera, en contacto directo con el campo y que está ahí de inmediato en el momento en que se detecta una incidencia".
Con la nueva normativa, critica el presidente de Aamaa, "nos encontraríamos con que no podríamos actuar en la investigación de un delito, que habría que pasar a la Policía Nacional adscrita a la Junta o a la Guardia Civil". A su juicio, debe apostarse por otorgar mayor seguridad, "y no quitar a un colectivo que tiene 130 años de historia de investigación en estos delitos de ese proceso directo y ya asumido".
Y es que, actualmente, la normativa clasifica y considera policía judicial en sentido genérico a todo funcionario que ostente la condición de agente de la autoridad y que pertenezca a las administraciones públicas, que tenga encomendadas las funciones de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal.
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN JURÍDICA
Así, en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita este extremo en aras a la mejora de la situación jurídica, "que estamos seguros debería realizarse por medio de una ley estatal de regulación específica para todos los cuerpos de agentes medioambientales o forestales adscritos a las administraciones públicas estatal, autonómica y local".
Limitar el carácter de policía judicial de estos agentes, según el colectivo, "impediría claramente llevar a cabo cualquier diligencia de investigación de delitos ambientales en fincas particulares, puesto que sólo podríamos actuar de forma improvisada, si nos encontramos con el hecho flagrante".
Por otro lado, el sindicato CSI-F se ha reunido con el Grupo Parlamentario Popular Andaluz, al que se le ha propuesto que interceda ante el Gobierno central en este caso, así como la creación y desarrollo de una ley andaluza de regulación del cuerpo de agentes de medio ambiente.