La vicepresidenta segunda y mnistra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima el real decreto de fomento y promoción de las entidades financieras de la Economía Social y de las Finanzas Éticas, una norma que el Gobierno está tramitando de urgencia y que revelerá qué es banca ética y qué no se considera como tal.
El objetivo de esta norma, cuya tramitación ha generado una disputa con el Ministerio de Economía, según fuentes del Departamento que dirige Yolanda Díaz, es dar un paso más dentro de la economía social y regular en positivo, promocionando el cooperativismo de las finanzas en España y la banca ética. También señalan que al poner el foco en lo que es ético y lo que no es ético, este decreto incidirá en la banca convencional.
El real decreto establece las bases para construir un marco jurídico estable que reconozca y promueva a las entidades que trabajan desde los principios de transparencia, participación democrática y compromiso social y ambiental.
Con esta iniciativa, desde el Ministerio destacan que España "se sitúa a la vanguardia" en el reconocimiento a las finanzas éticas y sostenibles desde una vertiente institucional y dentro de un marco normativo específico.
La norma, que se aprobará próximamente en el Consejo de Ministros y que no deberá pasar por el Parlamento, establece diez exigencias acumulativas (se deberán cumplir los diez criterios) que deberán cumplir las entidades para ser consideradas banca ética.
El Ministerio de Trabajo considera que los ciudadanos españoles tienen derecho a conocer en qué invierten bancos como el Santander o el BBVA. En concreto, desde este Departamento reprochan a la banca que inviertan en el "negocio de la guerra", en combustibles fósiles o en negocios que vulneran los derechos humanos.
Las diez exigencias incluidas en la norma tiene que cumplirse de forma acumulativa para garantizar que las entidades cumplen con unos estándares mínimos. De este modo, se visibilizará cuáles son las entidades financieras que actúan de forma ética.
Así, el señalamiento de la banca que no sea ética se hará de manera pasiva, al clasificar a las entidades que sí actúen de manera ética.
Para ser consideradas entidades de finanzas éticas, deberán priorizar el impacto social y ambiental positivo sobre la maximización del beneficio económico; o reinvertir el 75% de sus beneficios, excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos en el reforzamiento patrimonial de la propia entidad y en la creación de fondos específicos para favorecer la financiación de proyectos de alto impacto social para los que puedan necesitarse garantías especiales.
Sin perjuicio de la evaluación de las operaciones de financiación fundada en la solvencia de los potenciales prestatarios y conforme a criterios de riesgo, deberán evaluar las solicitudes de financiación de personas físicas y/o jurídicas, con especial atención al impacto social y ambiental y a la economía social.
Las entidades también tendrán que destinar al menos el 20% de su actividad crediticia a organizaciones sin fines de lucro o entidades de la economía social en un periodo sostenido de, al menos, tres años; adoptar un modelo de gobernanza y organizativo inspirado en un enfoque democrático, transparente y participativo; o adoptar políticas de remuneración que reducen la diferencia salarial en la entidad, con una ratio retributiva entre el sueldo máximo y mínimo no superior a 7.
Asimismo, deberán mantener una política de expresa exclusión de la financiación de entidades cuya actividad sea incompatible con los principios éticos, sociales y medioambientales, como la industria armamentística, la falta de acceso a vivienda asequible, la industria del juego y los combustibles fósiles.
Igualmente, tendrán que desarrollar actuaciones para la promoción de la igualdad de género, la diversidad funcional, étnica o racial, sexoafectiva, social y cultural, y el emprendimiento femenino, así como fomentar la participación e inclusión financiera de las mujeres y de las personas o colectivos en situación de vulnerabilidad.
Las entidades financieras éticas tienen también que priorizar en sus actuaciones el compromiso con el desarrollo y la cohesión territorial, así como con la economía local; y presentar públicamente, al menos una vez al año, y utilizando canales digitales de amplio acceso público, tales como sitios web de las entidades, información o memoria sobre cómo los créditos concedidos y otras actividades financieras realizadas atienden los fines señalados en las letras anteriores, de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de la privacidad y de los datos personales.