La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press
MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha abogado por "instaurar un régimen sancionador" en caso de que las empresas incumplan en materia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
"Sin sanciones creíbles, la responsabilidad empresarial sigue siendo voluntaria", ha defendido Díaz en la inauguración del acto 'Una nueva Agenda para la Responsabilidad Social Empresarial', en el que se ha presentado el informe 'Cien medidas para un nuevo impulso de la Responsabilidad Social Empresarial'.
El informe, elaborado por la Comisión de personas expertas en RSE, constituida en 2025 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, busca operar como denuncia y exigencia para las empresas, con el ánimo de blindar los derechos sociolaborales y medioambientales dentro de las mismas, según Trabajo.
"Este informe desmonta ese argumento con la evidencia de que la competitividad de Europa debe construirse sobre la innovación y la justicia social, no sobre la carrera a la baja. España puede y debe dotarse de una autoridad independiente que supervise el cumplimiento de estas obligaciones. No podemos seguir dependiendo de la buena voluntad para saber si se está cumpliendo. Y ese control necesita consecuencias. Este informe propone restaurar un régimen sancionador proporcional al daño causado y a la capacidad económica de la empresa", ha avanzado Díaz.
Por ello, la Comisión, en el documento, ha buscado contextualizar la situación de España en relación con las prácticas existentes, revisar estrategias y planes de acción, así como formular propuestas de mejora que incluyan indicadores de evaluación y recomendaciones para su aplicación efectiva.
Díaz ha calificado como "riguroso, valiente y oportuno" el texto, presentado por el presidente de la Comisión de expertos, Jesús Cruz. En su intervención, la ministra también ha recordado que la RSE es una estrategia del Ministerio y ha recordado que hace un mes se reactivó el CERSE, tras casi una década.
"Lo que este informe defiende -que las empresas tienen responsabilidades reales, exigibles y verificables sobre su impacto en los derechos humanos, en el trabajo decente y en el medio ambiente- es exactamente lo que la Comisión Europea ha decidido poner en cuestión recientemente: lo han llamado simplificación cuando es, claramente, impunidad y lo justifican en favor de la competitividad", ha apostillado.
LA RSE, TERRENO DE OBLIGACIONES Y CONSECUENCIAS
La presentación también ha contado con un panel de entidades y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el impulso de la RSE, como Amnistía Internacional España, la Plataforma por Empresas Responsables y Coordinadora de Desarrollo Local Sostenible de Action Aid, Intermón Oxfam y Greenpeace España.
Sus portavoces han abordado la situación de España en materia de RSE, las principales propuestas y retos a tener en cuenta; así como la visibilización de múltiples y muy graves infracciones cometidas por parte de grandes empresas españolas en este campo.
Además, en un segundo panel, han participado interlocutores sociales de CCOO, UGT, CEOE y CEPYME, que han debatido sobre cuál es la responsabilidad de las empresas y en qué se centran sus propuestas para mejorar la calidad y compromiso en RSE.
En la clausura, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, ha destacado que hay "empresas que no ven la responsabilidad social como una carga, sino como parte de su modelo". "Esas empresas necesitan que las reglas sean exigentes para todos. Porque si no, acaban compitiendo en desventaja frente a quienes externalizan sus costes en forma de derechos vulnerados", ha subrayado.
Por ello, ha enfatizado en que "de nada sirve tener derechos reconocidos en el papel si quien los tiene vulnerados no tiene manera de reclamarlos". "La responsabilidad social empresarial ha sido durante demasiado tiempo un terreno de voluntades y buenas intenciones. Nosotras venimos a convertirlo en un terreno de obligaciones y consecuencias: esa es nuestra agenda", ha zanjado.