BRUSELAS, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Unión Europea retirará a partir del próximo 21 de junio las preferencias arancelarias en el marco del sistema generalizado de preferencias (GSP, en sus siglas en inglés) a Bielorrusia por sus violaciones a los derechos de los trabajadores, tras la ausencia de mejoras pese a las advertencias de los Veintisiete.
La Comisión Europea insta ahora a las autoridades bielorrusas a que cumplan con sus obligaciones, en cuanto país miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y respete los derechos básicos de los sindicatos.
Así, según la Comisión Europea, si Bielorrusia muestra avances y cumple con sus obligaciones, propondrá que las preferencias arancelarias sean reinstauradas. "La situación ahora está en manos de las autoridades bielorrusas", advierte el Ejecutivo comunitario.
En diciembre de 2006, la UE advirtió a Minsk de que se vería obligada a retirar el GSP si no cumplía con sus obligaciones relacionadas con el respeto a la libertad de asociación de los trabajadores. Sin embargo, el pasado 15 de junio, la OIT denunció que Bielorrusia no había actuado para garantizar la protección de los algunos derechos de los trabajadores relacionados con la libertad de asociación como se le había exigido.
Según la CE, la eliminación de las preferencias arancelarias no frenará las exportaciones bielorrusas a la Unión Europea. Con esta medida, se reinstaurarán las tarifas estándares a los bienes importados en la UE, que supone una diferencia del 3% respecto a las del GSP. La Comisión estima que la retirada del sistema preferencial afectará a un 10% de las exportaciones bielorrusas.
El Ejecutivo comunitario decidió iniciar en 2003 una investigación sobre la situación de la libertad de asociación en Bielorrusia, que mostró "serias y sistemáticas violaciones" de estos derechos.
Posteriormente, en diciembre de 2006, el Consejo decidió retirar los privilegios arancelarios del país si en seis meses no implementaba las obligaciones de la OIT. Sin embargo, según esta organización, las medidas implementadas por las autoridades bielorrusas fueron "manifiestamente insuficientes".
