MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las libertades sindicales y sus representantes viven amenazados en Colombia, donde se vulneran sistemáticamente los Derechos Humanos contra este colectivo, el cual ha asistido en las últimas dos décadas a la muerte de más de 2.200 de sus miembros, especialmente en los sindicatos de minería, agricultura, sanidad y educación. Así lo denunció hoy en Madrid Amnistía Internacional (AI) en la presentación de su informe 'Colombia, Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia'.
"Amnistía Internacional considera que la crisis de Derechos Humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica", consideró la organización.
"Como parte del terror, ser sindicalista en Colombia es una de las profesiones más peligrosas del mundo, especialmente si trabajas en minería, gas, petróleo, energía, educación o salud", declaró el director de AI en España, Esteban Beltrán. "De los 115 sindicalistas asesinados en el mundo en 2006, 77 eran colombianos", añadió.
"A lo largo de los últimos 40 años, Colombia se ha visto asolada por un conflicto armado entre la Fuerzas Armadas y los grupos paramilitares, que actúan con ellas, y la guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este conflicto se ha caracterizado por las violaciones generalizadas y sistemáticas a los derechos humanos y al derecho a la guerra", expuso.
"Las Fuerzas Armadas y sus aliados paramilitares han aplicado una estrategia de contrainsurgencia para hurtar a la guerrilla de todo apoyo real o imaginario de la población civil. El terror es parte fundamental de esta estrategia", denunció.
"Este contexto de represión" ha hecho que la filiación a los sindicatos descienda paulatinamente desde 1996 y "cada vez hay más trabas a la creación de sindicatos por parte del gobierno de Colombia", añadió Beltrán.
"Más de 2.200 sindicalistas han muerto por homicidio en Colombia en los últimos 20 años y 138 han desaparecido forzadamente y casi 3.500 han recibido amenazas", detalló.
Los sindicalistas "son acusados de ser guerrilleros y subversivos, casualmente cuando participan en conflictos laborales o negocian condiciones de trabajo", destacó Beltrán quien acusó a los paramilitares, a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla de ser los principales autores de las muertes de miembros de este colectivo en un 49%, un 43% y un 2%, respectivamente.
El director para España de AI denunció asimismo la "impunidad endémica de estos casos" que se producen en Colombia. Según el informe presentado hoy, "de 2002 a 2004 hubo 298 casos de homicidios a sindicalistas sometidos a investigación" por la Fiscalía, pero "sólo cuatro han resultado en condena", incidió Beltrán quien añadió que en los últimos dos años han muerto 28 mujeres de este colectivo.
AI considera necesario el informe por la "gravedad continuada de los homicidios a sindicalistas; por los nuevos elementos que pueden reflejar mejor la impunidad a la represión sobre estos, como el hecho de que la Organización Internacional del Trabajo haya abierto una oficina permanente en Colombia para defender los derechos básicos de estos".
Por último, Beltrán reseñó las demandas que se han presentado en Estados Unidos por muertes de sindicalistas. "Un fiscal se ha pronunciado sobre financiación de paramilitares por parte de la empresa estadounidense llamada Chiquita", acotó.
AMENAZAS EMPRESARIALES.
"El conflicto y las tácticas de terror sirven de cubierta para avanzar, consolidar y proteger intereses de las poderosas elites económicas. Este es el contexto en el que se convierte a los sindicalistas objeto de numerosos actos de violencia contra los Derechos Humanos", afirmó el investigador de AI y autor del informe presentado hoy, Peter Drury.
Los sindicalistas no son "víctimas accidentales" en un contexto de conflicto "como han podido argumentar gobiernos colombianos" sino que son atacados "en el contexto de su trabajo legítimo" de disputas laborales y de sus campañas contra las privatizaciones, entre otras denuncias.
"Son atacados en los momentos en los que sus actividades podrían amenazar los intereses de poderosos sectores económicos", prosiguió Drury.
El autor del informe denunció, en base a sus investigaciones, que los procesos judiciales en esta materia son "arbitrarios". "El gobierno sí ha creado un marco pero ese esquema es insuficiente", dijo Drury, que destacó que la crisis continúa por la impunidad y por la existencia de "planes coordinados entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares" para erradicar los sindicatos.
El ejecutivo colombiano de Álvaro Uribe es un gobierno "de mano floja contra la impunidad", acusó Drury que agregó que este "está consolidando los mecanismos de impunidad" mediante la implantación de políticas de amnistía de facto a los autores de abusos contra los derechos humanos. "Damos beneplácito al acuerdo tripartito contra la impunidad", pero en ese contexto reclamó la responsabilidad que tienen las empresas en garantizar los derechos sindicales y la seguridad y libertad de sus representantes sociales. "Amnistía resalta en este informe que las empresas tienen responsabilidades que tienen que tener en cuenta", destacó.
Si las empresas quisieran "librarse de las acusaciones" podrían "hacer caso a las recomendaciones" de AI, OIT y ONU, porque a estas podrían pedírseles "que rindan cuentas por beneficiarse de los abusos contra los derechos humanos, de los que pueden ser responsables por su conducta", finalizó el investigador.
