RSC-Las Fundaciones Laborales reivindican el reconocimiento de su labor como "instrumentos eficaces" para aplicar la RSC

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de distintas Fundaciones Laborales, integradas en la Asociación Española de Fundaciones junto a otras 600, reivindicaron el reconocimiento social de su labor como "instrumentos eficaces" para ayudar a las empresas a aplicar prácticas de responsabilidad social corporativa, recordando que su trabajo es "poco o nada" conocido por la sociedad, que no es consciente de que trabajan para las empresas como un medio "adecuado" para que éstas lleven a cabo este tipo de políticas.

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, el director gerente de la Fundación Laboral San Prudencio, Víctor Allende, explicó que su labor es servir de herramienta para que las empresas "canalicen" ciertos aspectos de la RSC en el campo socio-laboral, un concepto "muy amplio" que, en su opinión, debe comenzar a "aterrizar" para ser definido de forma concreta.

En este sentido, la finalidad de estas fundaciones pasa por la realización de acciones hacia los trabajadores de la empresa, haciendo de "puente" entre ellos y la compañía. En concreto, San Prudencio que desarrolla su labor en Álava, aglutina a más de 420 empresas de todos los sectores, grandes compañías como Mercedes o Michelín, y pymes y micropymes, para las que trabajan proporcionando servicios en materia de apoyo social, compatibilización de vida laboral y personal, prevención de riesgos, planes de pensiones, o ayudas a la vivienda a través de la creación de cooperativas.

Así, en 2003, pusieron en marcha no sólo ayudas para la vivienda, sino apartamentos tutelados para trabajadores jubilados como alternativa a las residencias geriátricas, apoyo a familias con enfermos crónicos, becas de ayuda al estudio para hijos de trabajadores, etc. En total, son casi 5 millones de euros invertidos, que se financian a través de las cuotas anuales de las empresas que hacen uso de estas fundaciones para contar con servicios y políticas de RSC para sus trabajadores.

En su opinión, y ante las dificultades sobre todo de pymes y micropymes para aplicar políticas de RSC, las fundaciones "comparten recursos" y suplen esa parte en materia, por ejemplo de prevención de riesgos laborales o prestaciones sociales extras para los trabajadores. Son, así, una "herramienta" de las empresas que éstas sostienen a través de una cuota para que realice por ellas estas políticas de RSC de las que no pueden ocuparse.

INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS

Por su parte, el administrador general de la Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara (Asturias), Fernando Cuevas, recordó el incumplimiento por parte de las empresas de la "supuesta obligatoriedad" de contratar en sus plantillas un mínimo 2 por ciento de personas con discapacidad, destacando que "son reacias, salvo excepciones" a estas contrataciones, siendo la "única alternativa" para estos trabajadores, los centros especiales de empleo.

En su opinión, las pocas empresas que se decantan por trabajadores con discapacidad, "en el fondo de su decisión subyace el deseo de buscar mano de obra barata". Según apuntó a Europa Press, en España "no prolifera" este tipo de contratación, debido sobre todo al "alto grado de competitividad y a los niveles de exigencia que se dan en el mercado laboral", discriminando así a estas personas que, con discapacidad psíquica o física, "no pueden competir en ese mercado tan agresivo".

Además, se refirió a la poca disposición de las empresas para "adaptar", en caso necesario, sus edificios y centros de trabajo a las necesidades de estas personas, negándose a invertir su dinero en rampas o ascensores adaptados en caso de que algún trabajador con problemas de movilidad lo necesitara. "Prefieren evitar la contratación de esta persona antes que afrontar una reforma y hacer desaparecer las barreras arquitectónicas, porque eso cuesta dinero", afirmó.

Así, dijo, "las empresas normales no quieren crearse problemas, a no ser que reciban a cambio algún suplemento económico o subvención", muchas veces "no porque no quieran, sino porque no pueden". Según sus palabras, la sociedad y las empresas "debe abrir los ojos y las expectativas", para que estas personas "dejen de ser invisibles y puedan desarrollarse en un puesto de trabajo como el resto de la sociedad", porque "tienen los mismos, o más derechos que cualquiera".

Asimismo, criticó el poco apoyo de la Administración a los centros especiales de empleo. Según recordó, estos centros necesitan profesionales de nivel para formar a estos colectivos "y eso tiene un coste adicional". La Administración "no se ha detenido a valorar la necesidad de apoyar estos centros para que sea posible su viabilidad", aseguró.

Así, la labor de Santa Bárbara es procurar la integración laboral de estas personas a través de los centros especiales de empleo que gestiona, donde estos trabajadores desarrollan su labor y pueden después ser ubicados en distintas empresas o sectores, aunque esta salida "no es lo habitual" y muchas veces los centros, "se ven saturados" al no estar muy claro el límite en la edad laboral del discapacitado y el deseo "normal, por otra parte" de las familias de que permanezcan el mayor número de años empleados en estos centros, al servir, muchas veces, de "descarga familiar".

LA RSC EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

En este sentido se expresó también el director general de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (FLC), e integrante también del Grupo Sectorial de Fundaciones, Armando Adeba, que señaló a Europa Press que estas fundaciones "deben suplir los aspectos que las empresas o las administraciones públicas no alcanzan", como es el aspecto de la formación en el sector de la construcción, que "no está reglada en la educación pública ni en la privada".

Así, explicó a Europa Press que desde su creación en 1988, FLC ha inaugurado diversos centros de formación para formar a albañiles, ferrallistas, enconfradores, etc, como una forma de "prevenir el elevado índice de siniestralidad laboral que existe en el sector", por la falta de profesionales. En este sentido, abogó por la lucha para "dignificar socialmente el sector" y descartar la idea de que "cualquier persona sin formación puede trabajar en la construcción".

Recordando que hay más de dos millones de trabajadores del sector en España, Adeba señaló que FLC se encarga, no sólo de la formación, sino también de las prestaciones sociales para estos trabajadores, la concesión de becas a fondo perdido para los empleados o sus familiares, créditos en condiciones ventajosas o ayudas a familiares discapacitados o enfermos.

Desde 1990, FLC ha formado ya a más de 10.000 trabajadores que, con una cualificación reglada y completa, están ya trabajando en el sector y disminuyendo las cifras de accidentes laborales, "y sobre todo, rompiendo con el mito de que no es necesaria formación para este oficio", subrayó. Esa concienciación, en su opinión, "debe llegar también a las empresas que tienen que trabajar por elevar su seguridad y contratar sólo a profesionales".