La UICN aprueba la petición española por una mayor responsabilidad ambiental de los Estados en sus políticas públicas

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha aprobado dos propuestas españolas presentadas por los miembros del Comité Español de la UICN que abogan por que los Estados se responsabilicen de los impactos negativos que sus políticas públicas tienen sobre la biodiversidad y por la necesidad de generar mecanismos de que permitan una participación efectiva de los ciudadanos en la aprobación de normativas que puedan perjudicar al medio ambiente, durante la Celebración del Congreso Mundial de la Naturaleza.

En cuanto a la primera de las peticiones, que ha sido planteada por la Generalitat de Catalunya, el Congreso Mundial de la Naturaleza ha solicitado a la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la UICN que "elabore directrices para calcular el impacto de las políticas de los países sobre la biodiversidad y establezca los incentivos de conservación de los lugares de donde se extraen estos recursos".

Asimismo, el Congreso ha reclamado a los Estados y administraciones públicas que examinen los criterios de responsabilidad ambiental y social es sus políticas, especialmente aquellas que afectan a la importación de bienes y recursos, la exportación de residuos, la bioprospección, el comercio internacional de especies, la internacionalización de su economía, la inversión en terceros países y el diseño de programas de cooperación.

Respecto a la moción sobre la participación ciudadana en los procedimientos legislativos relativos al medio ambiente, impulsada por SEO/BirdLife, el Congreso ha pedido a todos los gobiernos que "establezcan mecanismos para que la participación ciudadana sea efectiva, se realice en una fase temprana de los debates y se eviten los trámites de urgencia".

En este sentido, la UICN ha manifestado que "esta petición surge de la preocupación por que en ocasiones la aprobación de normativas ambientales por parte de los gobiernos se realiza por medio de trámites de urgencia que impiden la participación del público, la cual es esencial para una mayor concienciación, intercambios de puntos de vista y mejora de las acciones en materia de medio ambiente".

Asimismo, ha recordado que a pesar de que la Unión Europea ratificó la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (en 1998 con el Convenio de Aarhus), propuesta por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), que obliga a las partes a promover una participación efectiva del público en una fase apropiada, hasta el momento "no se han establecido mecanismos ni obligatoriedad para garantizar la participación pública en la elaboración de la legislación ambiental".