Publicado 22/06/2021 18:54CET

Junta defiende que la nueva ley del suelo es la solución para planes urbanísticos como el de Villanueva de la Concepción

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visita institucional al municipio de Villanueva de la Concepción.
La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, visita institucional al municipio de Villanueva de la Concepción. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLANUEVA DE LA CONCEPCIÓN (MÁLAGA), 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha realizado este martes una visita institucional al municipio de Villanueva de la Concepción, donde se ha reunido con su alcalde, Gonzalo Sánchez, para abordar, entre otros asuntos, la planificación urbanística del municipio.

El regidor ha trasladado a la delegada sus propuestas en cuanto al desarrollo urbanístico y ha manifestado su confianza en que, con la nueva normativa prevista por el Gobierno andaluz, se agilice el proceso de aprobación del planeamiento.

En este sentido, la delegada ha recordado que la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista), cuyo proyecto de Ley será remitido de nuevo al Parlamento andaluz, tras su aprobación este martes en Consejo de Gobierno, "es esencial para la recuperación económica y la vertebración de nuestra provincia y no podemos retrasar más su entrada en vigor" y ha asegurado que la nueva norma es la solución para planes urbanísticos como el de esta localidad.

Según Navarro, esta ley "pondrá fin al caos de la planificación urbana, garantizando la viabilidad social, ambiental y económica de las actuaciones, aumentando la protección de los recursos naturales, del litoral, del paisaje y del patrimonio histórico".

Además "simplifica y aclara la normativa para que aporte seguridad jurídica, ya que con la Lista se derogarán dos leyes, dos decretos ley y dos decretos, y parte del articulado y disposiciones de otras normas", ha explicado.

En su reunión con el alcalde de Villanueva de la Concepción ha destacado que esta norma dará seguridad jurídica, reducirá de diez a dos años los trámites de aprobación de un PGOU y se erige como un instrumento útil contra la despoblación en zonas rurales, con un sistema de planeamiento adecuado al tamaño de "los pequeños municipios, que en ningún caso pueden ser tratados como las grandes ciudades".

También incluye el Decreto Ley de viviendas irregulares, que ayudará a la lucha contra la proliferación de este tipo de edificaciones que llevan décadas en un limbo jurídico.