Economía presenta al Consejo una primera evaluación de trabas para elaborar el Plan de Mejora de la Regulación

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha presentado al Consejo de Gobierno el diagnóstico de un grupo de expertos encargado de analizar la normativa de la actividad económica para reducir las trabas y barreras administrativas, primera evaluación, que, junto con las aportaciones de otros grupos de trabajo, servirá de punto de partida para la formulación del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía.

El Gobierno andaluz trabaja en la elaboración del Plan para la Mejora de la Regulación Económica de Andalucía, ha informado el Gobierno andaluz a través de una nota, porque ha apostado por la eliminación de las trabas que considera entorpecen el crecimiento, la productividad y el empleo de Andalucía.

El Plan para la Mejora de la Regulación Económica, coordinado por la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), convertirá a la comunidad en la primera a nivel nacional en contar con una herramienta de esta naturaleza.

La auditoría jurídica y técnica se ha centrado en normas con rango de Ley, especialmente en aquellas leyes que precisan de una reformulación por razones imperiosas de interés general, por la introducción de requisitos innecesarios, desproporcionados e ineficaces para el inicio o desarrollo de las actividades económicas en Andalucía.

Las propuestas de modificación normativa afectan a sectores tan diversos como el comercio, el turismo, la industria, servicios, el medio ambiente, el medio rural, el ámbito local, el urbanismo, los servicios profesionales o el apoyo a la actividad productiva y la atracción de inversiones.

La comisión de expertos encargada del análisis la conforman 17 personas, seleccionadas por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos entre altos directivos de las administraciones públicas, especialistas procedentes de universidades andaluzas, funcionarios cualificados y representantes de los agentes económicos y sociales.

El resultado de su trabajo deberá ser ahora sometido a evaluación por las diferentes consejerías del Ejecutivo andaluz para concretar las reformas que finalmente se aprueben.

Paralelamente a la aportación realizada por esta mesa de expertos, desarrollan también su labor en esta fase previa a la elaboración del Plan de Mejora de Regulación otros dos equipos de trabajo: uno de carácter sectorial y otro integrado por funcionarios de los diferentes departamentos del Gobierno autonómico.

El primero cuenta con la participación de agentes sociales y económicos de la comunidad y están representadas la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA); los sindicatos UGT y CCOO; la asociación de consumidores Facua; la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA); la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) y las organizaciones agrarias Asaja y COAG, entre otras.

El segundo grupo, de carácter transversal, lo componen funcionarios de las diferentes consejerías de la Junta y actualmente se encarga de evaluar los procedimientos específicos que atañen directamente a sus competencias. En este marco se han analizando los 872 procedimientos que afectan directamente a las empresas en Andalucía, una encomienda que concluirá en noviembre.

Con las aportaciones de estos tres grupos, la Consejería de Economía redactará el Plan, que tendrá que ser consensuado con los agentes económicos y sociales más representativos, sometido al trámite de información pública y evaluado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos antes de su aprobación definitiva por Consejo de Gobierno.

La evaluación de procedimientos y normas que se realiza actualmente no significa que se vayan a desregular o eliminar el cumplimiento de determinados requisitos. En este proceso se garantizarán los principios máximos de interés general definidos e interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como son entre otros el orden público, la seguridad y la salud pública, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores o la protección del medio ambiente y del entorno urbano.

Su impulso parte de la premisa de que, en un mundo interrelacionado y globalizado, las diferencias en costes regulatorios son penalizadas con menor inversión y menor empleo, por lo que afecta a las ventajas competitivas.

Este instrumento tiene como objetivos favorecer reformas estructurales y facilitar el acceso a una actividad productiva a emprendedores y empresas, con la simplificación de trámites y la reducción de los requisitos administrativos injustificados.

Persigue impulsar un cambio en la cultura de la Administración para hacerla más proactiva, con una regulación más simplificada; así como fomentar y atraer inversiones productivas proporcionando a empresas e inversores seguridad jurídica, agilidad y una regulación económica más eficiente y menos intrusiva.

Esta preocupación por disponer de un marco regulatorio más eficiente en el que se desenvuelvan los operadores económicos aatiende a numerosas recomendaciones expuestas por la Comisión Europea y por distintas instituciones como la OCDE, en el ámbito internacional; o por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el ámbito nacional.