SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes mostrar su disconformidad, por segunda vez, con la proposición de Ley de la Cámara de Cuentas presentada por IULV-CA. Según el Ejecutivo andaluz, la propuesta es "prácticamente idéntica" a la que ya rechazada el pasado 19 de junio al suponer "un aumento del gasto para el que no hay previsto crédito".
El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el texto registrado por IULV-CA "vuelve a plantear la modificación del régimen de personal dotando a la Cámara de un estatuto propio para sus empleados, medida que podría implicar una mejora de las condiciones de este colectivo respecto del resto de trabajadores públicos, en contra de la equiparación que defiende el Gobierno andaluz, además de no estar justificada en tiempos de restricciones presupuestarias".
Asimismo, IULV-CA reitera la propuesta de atribuir nuevas funciones al organismo, lo que, a juicio de la Junta, "conllevaría un aumento de sus necesidades y de los créditos presupuestarios para atenderlas". Por otro lado, la Junta rechaza que el texto "posibilita de forma discrecional acudir a contrataciones externas para la elaboración de informes, estudios y comprobaciones".
El Gobierno andaluz sigue considerando "inviable" anticipar al 30 de abril la presentación de la Cuenta General de la Junta, que actualmente debe enviarse a la Cámara antes del 30 de septiembre (conforme a lo dispuesto en la vigente legislación autonómica). Según la Junta, "esta imposibilidad se deriva de que las sociedades de capital y las fundaciones disponen hasta el mes de junio para aprobar sus cuentas y remitirlas a la Intervención General, que las verifica o en su caso las subsana antes de la formación de los documentos finales".
Aunque IULV-CA considera que su propuesta no implicaría incremento de gasto porque la Cámara de Cuentas es competente para elaborar su propio proyecto de presupuesto, el Consejo de Gobierno recuerda que se integra en el general de la comunidad autónoma como sección independiente dado que la institución carece de ingresos propios, de forma que "el aumento de gasto derivado de las modificaciones que se plantean debería detraerse de otros créditos presupuestados para la administración".
En definitiva, el Ejecutivo andaluz subraya que la actual proposición de ley "mantiene vigentes" los criterios que ya motivaron su posición contraria. Las únicas variaciones respecto al texto presentado por la coalición en 2015 se limitan a correcciones formales; a detallar el procedimiento y los requisitos de elección de nuevos consejeros, y a eliminar la posibilidad de reelección del consejero mayor.
Según establece el Reglamento del Parlamento andaluz, el Consejo de Gobierno debe manifestar su criterio respecto a la toma en consideración de las proposiciones de ley, así como su conformidad o no con la tramitación si implica aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios.
