Un total de 6.352 personas se han beneficiado durante el primer semestre del año de un servicio gratuito de la Consejería de Justicia
SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha explicado en el Pleno del Parlamento andaluz que el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA) ha llevado a cabo durante el primer semestre de este año 41.848 actuaciones de carácter general, asesoramiento jurídico, atención psicológica y asistencia social, según un balance de esta prestación.
El SAVA ha atendido entre los meses de enero y junio a un total de 6.352 personas en Andalucía, de las cuales el 79 por ciento eran mujeres. Por rango de edad, el consejero ha destacado, en respuesta a un pregunta formulada por el Grupo Socialista, que "un total de 438 menores de edad han recibido asistencia, 268 niñas y 170 niños". Este recurso, completamente gratuito para el usuario, ofrece un servicio público que facilita apoyo jurídico, social y psicológico a las víctimas de delitos que lo requieran.
"El objetivo fundamental del SAVA es ofrecer una respuesta especializada e integral a las necesidades específicas de las víctimas de delitos en todos los ámbitos, mediante una intervención interdisciplinar", ha subrayado De Llera. Para ello, cada oficina del SAVA cuenta con un equipo técnico especializado integrado por psicólogos, juristas y trabajadores sociales.
En cuanto a la tipología de los delitos sufridos por las víctimas que han acudido al SAVA durante los seis primeros meses del año, la mayoría son contra las personas (34,90 por ciento), a los que siguen los casos de lesiones (17,5 por ciento), contra la libertad (11,06 por ciento), torturas y otros delitos contra la integridad moral (7,68 por ciento), contra la libertad-seguridad (3,95 por ciento) y contra la libertad sexual (3,69 por ciento).
Asimismo, el perfil medio de la persona usuaria del Servicio de Asistencia a Víctimas refleja que se trata mayoritariamente de una mujer, de entre 30 y 44 años, soltera, con estudios primarios, en situación de desempleo, con domicilio en una capital de provincia y cuya relación con el autor del delito es de pareja o expareja. La mayoría de usuarios son de nacionalidad española, si bien en el primer semestre han solicitado asistencia 433 personas de otras nacionalidades.
Junto a esto, el balance semestral de este servicio refleja, igualmente, que 77,57 por ciento de las personas atendidas en alguna oficina del SAVA presentaron una denuncia ante la Administración de Justicia por el delito sufrido. De ellas, 10.096 son de naturaleza jurídica, 5.728 corresponden al ámbito social, 6.831 intervenciones se centran en el apoyo psicológico y 19.643 son actuaciones de carácter general. Dentro de éstas últimas, debemos destacar el éxito del programa de acompañamiento psicosocial, dirigido a evitar la victimización secundaria de forma que se han realizado, 1.157 acompañamientos a juzgados, policía o puesta de denuncia, siendo esta compañía muy estimada por las víctimas.
ESTATUTO DE LA VÍCTIMA DE DELITO
El consejero ha recordado que desde hace un año está en vigor el Estatuto de la Víctima de delito, "una ley que transpone una directiva europea, reconoce los derechos de quienes han sufrido un delito e impone la creación de unidades de asistencia específicas para su atención".
En Andalucía, el SAVA está implantado desde 1997 y en este tiempo se ha consolidado como servicio público de referencia en la asistencia de las necesidades de las víctimas de delitos, que atiende una media anual de más de 10.000 personas.
Además, De Llera ha apuntado que "en el Estatuto de la Víctima se incorporan directrices que ya venimos aplicando en Andalucía desde hace casi dos décadas. A través de las necesidades que nos transmiten las propias víctimas, hemos ido mejorando el servicio prestado".
Toda víctima de delito, así como las asociaciones y colectivos que las representan (terrorismo, sustracción de menores o trata de personas) son asistidos y asesorados por los equipos especializados, incluyéndose la puesta a disposición de intérpretes para el caso de victimas extranjeras.
