Bruselas.- Bruselas no evaluará la propuesta para cambiar la acusación popular en España hasta ver si entra en vigor

BRUSELAS 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha evitado este martes entrar a valorar la proposición de ley para cambiar la acusación popular en España, apuntando que la evaluará, si es necesario, cuando entre en vigor, en medio de las críticas de PP y Vox por una supuesta erosión del sistema judicial liderada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan de querer "blindar" a su entorno.

"En este momento, la ley es un proyecto de ley. No es algo que la Comisión ya ahora podría, hoy, mañana o en el tiempo de una semana, salir y decir que esto, esto y esto sería una violación de la ley europea porque estamos de momento ante un proyecto de ley", ha señalado el director general adjunto del departamento de Justicia de la Comisión, Florian Geyer.

En este sentido, ha recordado que hay un debate en marcha en España e indicado que Bruselas solo evaluará la normativa una vez entre en vigor. "La Comisión, si es necesario, sólo podrá llegar a una evaluación definitiva, basándose en la ley final", ha indicado, recalcando que su valoración se hará en base a la letra de la ley.

Geyer ha recordado el trabajo de los servicios comunitario para los informes de Estado de Derecho por países, apuntando que cuando se redacte el informe de este año en verano habrá que estudiar en qué estado se encuentra esta ley y si se incluye en el informe relativo a España.

Este martes el PP ha llevado a la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo las "restricciones previstas" por el Gobierno contra la acción popular en un debate en el que han participado varios jueces y periodistas que han denunciado el proyecto de ley planteado por el PSOE para limitar las acusaciones populares.

El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha criticado la "preocupante deriva autoritaria" que a su juicio se vive en España. "No ocurre por casualidad, ni tampoco es una idea abstracta, sino que tiene nombres y apellidos por las personas que se le está afectando con una serie de investigaciones", ha lamentado.

El exministro 'popular' ha señalando que con este cambio legal Sánchez busca una "huida hacia adelante" y una reforma legal con la que, a su juicio, "quiere neutralizar la acción de la justicia y blindar al entorno". Por todo ello ha insistido en que desde Europa existe la "responsabilidad y el deber de actuar" para evitar nuevas derivas democráticas como las ocurridas en Hungría o Polonia.

Mientras, la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, ha tachado de "autócrata" a Sánchez, al acusarle de querer "blindarse" al "borrar" la acusación popular frente a las investigaciones de corrupción a su esposa, Begoña Gómez, su hermano, al que fuera su mano derecha y a la vez ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"Es un asalto contra la democracia, pues destruye el único instrumento que permite a los ciudadanos, a las asociaciones, por ejemplo, de víctimas, a los sindicatos, querellarse ante los tribunales", ha expuesto Montserrat.

De lado de Vox, Jorge Buxadé ha señalado que la acusación popular es "un ejemplo de participación ciudadana y un genuino ejemplo de democracia real y directa" del sistema judicial español. Así ha denunciado que el Gobierno busque la "impunidad" del "presidente del Gobierno, su mujer, su hermano y sus ministros".

El representante del partido de Santiago Abascal ha apuntado que se trata de defender los derechos "y ningún socialista en Europa va a decidir jamás quién tiene derechos y quién no los tiene".

PSOE Y ERC SEÑALAN QUE LA ACUSACIÓN POPULAR NO EXISTE EN LA UE

Frente a estas críticas, el eurodiputado del PSOE, Nacho Sánchez Amor, ha defendido que la proposición de ley es "perfectamente legítima y constitucional" y ha recalcado que el Parlamento Europeo se adelanta a la cuestión porque ni siquiera se ha admitido a trámite el debate de esta proposición de ley en el Congreso.

Sobre el fondo de la cuestión, el eurodiputado socialista ha insistido en que no puede resultar un problema modificar una figura jurídica que no existe en el resto de países de la UE. "El modelo de todos los otros 26 países son fiscales profesionales. Solo uno tiene esta fórmula y, aparentemente, nadie parece dispuesto a defender su introducción en los otros 26", ha razonado.

Por parte de ERC, Diana Riba ha criticado el "soliloquio ideológico orquestado por la derecha y la extrema derecha española" en el Parlamento Europeo, lamentando que en la sesión han participado únicamente ponentes que comparten su visión. "El objetivo real aquí no es debatir una propuesta de reforma legal, sino defender privilegios jurídicos heredados del franquismo", ha reprochado. "Y lo decimos sin eufemismos, porque la acusación popular, tal y como existe en España, es una figura profundamente excepcional en Europa", ha apuntado.

EXPERTOS AVISAN DEL PRECEDENTE PARA EL DERECHO EUROPEO

Entre los expertos que han participado en el debate en la Eurocámara, el juez Alejandro González Mariscal de Gante, de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha respondido que el hecho de que la acción popular no sea común no significa que no sea valiosa. "Ese debate es un debate un tanto artificial, en España ha sido clave en asuntos históricos. Son muy conocidos en España el caso de los gal, filesa, la gürtel, nos, los Pujol o los ERE", ha indicado, defendiendo el mantenimiento de esta figura.

González Mariscal de Gante ha incidido en el "riesgo evidente" para el derecho de la UE de esta reforma que pretende el PSOE, indicando que pretende una "tolerancia institucional" ante delitos de corrupción que sienta un "precedente grave" dentro de la UE.

De su parte, Julio Banacloche, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, ha criticado la falta de consulta con los actores jurídicos para elaborar el proyecto de ley y denunciado detalles como que se saque a las acusaciones populares de procesos que están pendientes.

Frente a las investigaciones que afectan a personas que han formado parte del gobierno o a familiares de miembros del gobierno, el catedrático considera que cualquier modificación de la legislación actual "hay que verla como un posible ataque a la labor que se realiza en la persecución de la corrupción política".