El ICAM alerta de desigualdades territoriales en el acceso a una justicia especializada en asuntos de familia

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha alertado este jueves de las desigualdades territoriales en el acceso a una justicia especializada en asuntos de familia y de los obstáculos que están generando los requisitos formales de los medios adecuados de solución de controversias (MASC), durante la inauguración de su II Congreso de Familia y Sucesiones.

El encuentro ha reunido a representantes de la judicatura, la abogacía y otras disciplinas para analizar los problemas pendientes del sistema y la evolución de los criterios judiciales en materias que afectan directamente a las familias, ha informado el Colegio.

Durante la apertura, la vicedecana del ICAM, Isabel Winkels, ha reclamado que la especialización judicial en familia, infancia y capacidad se extienda a todo el territorio nacional para evitar las diferencias entre quienes pueden acudir a órganos especializados y quienes deben plantear sus asuntos ante tribunales con competencias en distintas materias.

Aunque la previsión de crear secciones de Familia, Infancia y Capacidad en los nuevos tribunales de instancia responde a una reivindicación histórica de la abogacía especializada, su implantación todavía no alcanza a todo el territorio nacional.

"Sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, según dónde vivan", ha advertido Winkels, que ha defendido una organización judicial que garantice una atención especializada con independencia del lugar de residencia. Asimismo, ha reiterado la necesidad de aprobar un código de familia específico para el territorio de Derecho común.

La vicedecana también ha alertado de que la obligación de acreditar documentalmente los intentos de negociación previa está provocando inadmisiones de demandas por defectos formales, incluso en situaciones familiares especialmente delicadas, debido a que no siempre los tribunales admiten las solicitudes previstas en el artículo 158 del Código Civil.

En este sentido, ha reiterado la voluntad del Colegio de seguir reclamando la supresión de este requisito en materia de familia, especialmente en los procedimientos internacionales, al considerar que constituye un obstáculo para el acceso a la justicia.

Winkels ha recordado que la negociación ya forma parte de la práctica habitual de la abogacía de familia y ha cuestionado que las dificultades para justificar formalmente esos intentos puedan impedir que los tribunales examinen el fondo de los conflictos.

También ha lamentado que la disolución de las Cortes haya interrumpido la tramitación de una reforma legislativa destinada a modificar la obligatoriedad de los MASC en los procesos de familia. "La convocatoria electoral ha frustrado una opción que teníamos al alcance de las manos", ha señalado.

La proposición de ley presentada por el PNV había superado el trámite de toma en consideración el pasado 22 de septiembre, con 340 votos a favor y siete en contra.

EL SUPREMO PIDE ADAPTAR LAS DECISIONES A CADA FAMILIA

Tras las intervenciones institucionales, la primera mesa del Congreso ha abordado los criterios con los que los tribunales resuelven los conflictos familiares.

El magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo José Luis Seoane Spiegelberg, junto al abogado especialista José Luis Cembrano, ha examinado algunas de las resoluciones más relevantes del último año, con especial atención a la protección de menores, las relaciones familiares y las consecuencias patrimoniales de las rupturas.

"Las relaciones familiares no son estáticas, sino que son dinámicas", ha señalado el magistrado, que ha defendido la flexibilidad procesal necesaria para que los tribunales puedan valorar los cambios relevantes que se producen durante la tramitación de un procedimiento.

A propósito de la sentencia 222/2026, de 12 de febrero, ha explicado que una modificación sobrevenida de la custodia de los hijos no puede quedar al margen de la decisión judicial por el mero hecho de haberse producido después de la presentación de la demanda.

Así, ha defendido que los órganos judiciales tengan en cuenta las nuevas circunstancias que afectan al bienestar de los menores y eviten que las limitaciones procesales conduzcan a resoluciones desconectadas de su situación real.

Este criterio de protección individualizada también ha estado presente en el análisis de la sentencia 216/2026, relativa al régimen de visitas entre un progenitor y su hija en un contexto de violencia familiar.

Seoane ha subrayado que el interés superior del menor exige una motivación judicial reforzada y una valoración de las circunstancias particulares de cada caso. En este sentido, ha advertido de que los órganos judiciales no pueden delegar en los profesionales de los puntos de encuentro familiar la decisión sobre cómo debe evolucionar el régimen de visitas.

"El punto de encuentro puede informar al juez pero es el juez el que tiene que decidir", ha afirmado, al insistir en que estas decisiones corresponden a los tribunales, aunque puedan apoyarse en evaluaciones e informes técnicos.

EL DERECHO DE LA FAMILIA EXTENSA A INTERVENIR

La protección de los vínculos familiares también ha ocupado una parte destacada de su intervención. El magistrado ha analizado la sentencia 589/2026, de 16 de abril, de la que fue ponente, que reconoce la legitimación de dos tías abuelas para recurrir una medida administrativa de protección de una menor que contemplaba su acogimiento con fines adoptivos.

La resolución considera que los familiares que acrediten un interés legítimo en asumir el cuidado de un menor deben poder intervenir en el procedimiento, sin que ello suponga reconocerles automáticamente el derecho a obtener la guarda o la adopción.

"Luego, si es idónea o no, ya se verá en el expediente. Pero, por de pronto, vamos a admitir la legitimación", ha explicado Seoane, quien ha destacado la importancia de que los tribunales puedan examinar las alternativas que ofrece la familia extensa antes de adoptar decisiones que afecten de forma decisiva a los vínculos familiares de los menores.

Por último, en el ámbito de la protección de la infancia, el magistrado ha abordado la responsabilidad civil de los centros de reproducción asistida a propósito de la sentencia 671/2026, de 5 de mayo, dictada por el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

La resolución confirma la responsabilidad de una clínica por los daños sufridos por un menor nacido con una grave enfermedad genética, en un caso en el que se habían incumplido obligaciones de control relacionadas con los gametos utilizados.

Seoane ha destacado el carácter novedoso de este pronunciamiento, que aborda las consecuencias jurídicas de estas omisiones cuando el daño se manifiesta en una persona nacida mediante técnicas de reproducción asistida.