Publicado 20/11/2026 13:59

El ICAM pide a la CNMC un papel más activo para facilitar las indemnizaciones a consumidores afectados por cárteles

Archivo - Decano del ICAM, Eugenio Ribón.
Archivo - Decano del ICAM, Eugenio Ribón. - ICAM - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, ha reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un papel más activo en la cuantificación de los daños causados por los cárteles empresariales, con el objetivo de facilitar las reclamaciones de los consumidores y evitar que el coste de los procedimientos judiciales impida obtener una indemnización, ha informado el Colegio.

"La CNMC no está únicamente para sancionar", ha señalado durante el VIII Congreso Nacional de Consumo ICAM-AEDC, que se celebra los días 19 y 20 de noviembre en la sede del ICAM. La propuesta responde a una preocupación que Ribón ha situado en el centro de su intervención inaugural: las dificultades que encuentran muchos ciudadanos para hacer valer sus derechos cuando se enfrentan a entidades financieras y grandes empresas.

"La cuantía de un expediente nunca mide por completo lo que está en juego", ha afirmado, recordando que detrás de una reclamación puede haber una familia que intenta recuperar sus ahorros, comprender las condiciones de un contrato o resolver un conflicto relacionado con la compra de un vehículo.

Desde esta perspectiva, el decano ha reivindicado una protección de los consumidores que no se limite al reconocimiento formal de derechos, sino que garantice también la posibilidad efectiva de ejercerlos.

Una exigencia especialmente relevante en los litigios por prácticas anticompetitivas, donde las dificultades para acreditar los perjuicios económicos pueden convertirse en un obstáculo insalvable para los afectados.

Durante la sesión dedicada a los nuevos ámbitos de litigación en materia de competencia, Ribón ha ilustrado esta situación con las diferencias entre una empresa que reclama por los daños sufridos en una flota de cientos de vehículos y un consumidor particular que pretende recuperar el sobreprecio abonado por un automóvil.

Mientras la primera puede asumir el coste de una pericial econométrica, el segundo puede verse obligado a renunciar a sus derechos por la falta de rentabilidad económica del procedimiento.

"Cuando una acción se deja de ejercer no por desidia, sino por racionalidad económica, quiere decir que hay un fallo en el sistema de protección del Estado", ha advertido.

Para corregir esta situación, Ribón ha defendido que las autoridades de competencia contribuyan también a la reparación de los perjuicios derivados de las prácticas anticompetitivas, facilitando parámetros técnicos e intervalos orientativos que ayuden a los tribunales a estimar los daños.

A su juicio, esta colaboración permitiría reducir las dificultades probatorias en las reclamaciones de menor cuantía y evitar que el coste de los informes periciales termine dejando sin compensación a numerosos consumidores.

NUEVOS CRITERIOS JUDICIALES PARA RECLAMAR LOS DAÑOS DE LOS CÁRTELES

Este debate cobra especial relevancia tras las novedades jurisprudenciales introducidas por tres sentencias del Tribunal Supremo dictadas los días 21 y 22 de octubre de 2026, que afectan a la reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia.

La primera, relativa al denominado cártel de la leche, aborda la estimación judicial del perjuicio sufrido por los ganaderos afectados, con una indemnización calculada en el 2 %.

Las otras dos, sobre el cártel de fabricantes de automóviles, sitúan en el 5 % del precio de adquisición la estimación judicial del daño en los supuestos examinados y analizan la responsabilidad solidaria de los participantes en la conducta anticompetitiva.

A juicio de Ribón, estos pronunciamientos suponen un avance, aunque todavía existe margen para mejorar los mecanismos de cuantificación, particularmente en los litigios de menor importe.

También ha destacado la evolución de los criterios sobre prescripción, a partir de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de septiembre de 2025 en el asunto Nissan, que impide situar el inicio del plazo para reclamar antes de que adquiera firmeza la resolución sancionadora y el perjudicado disponga de la información necesaria para ejercitar su acción.

En el terreno práctico, Ribón ha animado a los profesionales a seguir las resoluciones y los expedientes de las autoridades de competencia para identificar posibles reclamaciones, distinguiendo entre las sanciones firmes, las resoluciones todavía recurridas y las investigaciones en curso.

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