El Instituto Foral de Bienestar Social seguirá siendo responsable integral del servicio - DFA
VITORIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Foral de Álava, a través del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), ha impulsado la contratación temporal de una asistencia externa para prestar apoyo técnico para reforzar el sistema de valoración de la discapacidad, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención a la ciudadanía.
Esta incorporación es un refuerzo puntual que consiste en una asistencia técnica en los trámites de valoración y emisión de informes, siempre bajo supervisión de la Unidad Técnica del IFBS, según ha informado la Diputación en un comunicado.
El Instituto Foral de Bienestar Social seguirá siendo responsable integral del servicio y la decisión final sobre el grado de discapacidad seguirá correspondiendo en exclusiva a la Diputación Foral de Álava.
En los últimos años, el sistema de valoración de la discapacidad ha experimentado un incremento significativo de solicitudes, revisiones y reclamaciones, unido a la implantación de una nueva herramienta de valoración más compleja.
Con la entrada en vigor del Decreto 888/2022, de 18 de octubre, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, por el que se estableció un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, se produjo un cambio importante del procedimiento de valoración debido a que introdujo la nueva herramienta Baredi.
Este nuevo procedimiento, si bien mejora de forma sustancial la valoración, también hace más complejo el proceso, por lo que es necesario un mayor tiempo de atención en las valoraciones.
Este escenario ha causado una ralentización de las citas y, en consecuencia, una significativa ampliación de los plazos de valoración, que han implicado una demora frente a las necesidades de la ciudadanía.
En los últimos tiempos, el IFBS ha reforzado los equipos permanentes y los ha duplicado, pasando de dos a cuatro. Con estos medios, aún continúan existiendo considerables retrasos en las valoraciones, que llegan hasta los 7 meses de plazo, y sigue sin cumplirse el plazo legal previsto, lo que supone un perjuicio para la ciudadanía.
La valoración de la discapacidad es la puerta de entrada al sistema de servicios sociales, por lo que los retrasos tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas. El objetivo es que las personas con discapacidad accedan cuanto antes a los recursos y prestaciones que les corresponden.
CAMBIOS NORMATIVOS
Por otra parte, se están produciendo cambios normativos derivados de nuevas leyes o de modificaciones de leyes existentes (Ley ELA, Decreto de grado 3+, modificación de la Ley de Dependencia), así como adaptaciones técnicas surgidas de la propia evolución en la aplicación de la nueva herramienta Baredi, que requieren planificación, reorganización y otras metodologías de gestión que deben ser diseñadas.
En este contexto, la contratación durante dos años de apoyo técnico se plantea como una herramienta adicional para dar respuesta a un pico de trabajo puntual, reducir la carga acumulada de expedientes y mejorar los tiempos de resolución.
La contratación de un apoyo externo para la asistencia técnica en valoración de discapacidad cuenta con el pleno respaldo de la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del Ministerio de Asuntos Sociales.