5 de junio de 2020
 
Publicado 01/04/2020 14:58:42 +02:00CET

ESK estudia demandar por prevariación a Maroto y Tapia

BILBAO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ESK estudia demandar por prevaricación a la ministra Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y a la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, por las decisiones que adoptaron este pasado martes "atentado contra la salud de toda la ciudadanía", según ha anunciado.

En un comunicado, ESK ha criticado que la publicación del Decreto para la suspensión de actividades no esenciales del pasado domingo provocó "nerviosismo" en el PNV y Confebask. "No les pareció tolerable que se antepusiera la vida y la salud de las personas por delante de los beneficios de las grandes empresas industriales vascas", ha criticado.

El sindicato ha lamentado que, "24 escasas horas" después, "a bombo y platillo se nos dice que el PNV ha logrado que el Ministerio de Industria exceptúe la aplicación del permiso retribuido recuperable a una serie de actividades económicas, y que en vistas de ello el PNV esconde al hacha de guerra y fuma la pipa de la paz con Pedro Sánchez".

Para el sindicato, además, tanto la ministra Maroto como la consejera Tapia han adoptado una serie de desiciones que, a su juicio, "las sitúan fuera del cumplimiento de la ley".

En este sentido, señala que el Real Decreto "dice claramente que es el ministro de Sanidad quien podrá modificar o especificar, mediante las correspondientes órdenes, las actividades afectadas por el permiso retribuido".

"¿Cómo es posible que Maroto firme una nota interpretativa para el sector industrial sobre la aplicación del Real Decreto ¿Sabe Arantxa Tapia que no le competía a ella emitir un documento interpretativo al respecto como el que firmó con fecha 31 de marzo?", ha cuestionado.

Para ESK, ambas acciones suponen "un grave atentado contra la salud de toda la ciudadanía, porque de facto ya han traído que un buen número de empresas industriales recuperen su actividad". Además, considera que es "absolutamente irresponsable porque abre une escenario de una gran inseguridad jurídica" para trabajadores y empresas.

El sindicato entiende que "podemos estar ante la comisión de sendos delitos de prevaricación por parte de ambas mandatarias" y, por ello, ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian la interposición demandas.

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